El diario 
La crisis del PAMI preocupa al Colegio de Médicos bonaerense, que advierte sobre el traslado de pacientes a hospitales públicos y reclama fondos, aranceles actualizados y respuestas urgentes.
La tensión en el sistema de atención médica de los adultos mayores suma un nuevo capítulo y amenaza con extender sus consecuencias mucho más allá de los consultorios y sanatorios privados. Cuando una prestación se interrumpe, un convenio deja de funcionar o una institución no puede sostener la atención en las condiciones económicas establecidas, el problema no desaparece: cambia de lugar y termina impactando sobre otros sectores de la red sanitaria.
Ese es el escenario que puso en el centro de la discusión el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que volvió a advertir sobre el deterioro de las prestaciones del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y sus posibles consecuencias para los hospitales provinciales y municipales.
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La entidad reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional y cuestionó el desfinanciamiento que, según denunció, afecta a profesionales e instituciones.
La crisis del PAMI y la presión hospitalaria
El pronunciamiento del Colegio de Médicos plantea que las dificultades que atraviesa el organismo no pueden analizarse únicamente como un conflicto económico entre financiadores y prestadores. Para la entidad, el deterioro de los contratos y las interrupciones en la cobertura repercuten directamente sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario en su conjunto.
Uno de los principales puntos de preocupación es el traslado de pacientes hacia los establecimientos públicos cuando los sanatorios dejan de atender a afiliados por las condiciones de los convenios o cuando se interrumpen determinadas prestaciones. En esos casos, los hospitales deben absorber una demanda adicional sin que necesariamente dispongan de recursos suficientes para responder.
“La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad”, advirtieron desde la institución. El Colegio sostuvo que esa demanda recae de manera inmediata sobre hospitales provinciales y municipales, cuyas guardias y salas de internación ya funcionan bajo una fuerte presión asistencial.
La advertencia pone el foco en una consecuencia que excede las dificultades administrativas del PAMI. Si los afiliados encuentran obstáculos para acceder a consultas, estudios, tratamientos o intervenciones quirúrgicas, la necesidad de atención continúa y puede derivar en una mayor concentración de pacientes en los servicios públicos.
En ese contexto, el Colegio cuestionó que el deterioro de las prestaciones pueda justificarse como parte de un proceso de ordenamiento fiscal. La entidad calificó la situación como una “política deliberada de asfixia programada sobre la red prestacional” y reclamó que las autoridades nacionales asuman las consecuencias sanitarias de las decisiones presupuestarias.
Deudas, aranceles y prestaciones en riesgo
Otro de los ejes del comunicado es la situación económica que atraviesan los profesionales y las instituciones que integran la red de atención. Según denunció el Colegio, el congelamiento y los retrasos en los aranceles, las cápitas y los módulos quirúrgicos, sumados a las deudas acumuladas, comprometen la continuidad de los servicios.
Las cápitas son una modalidad de pago vinculada a una cantidad determinada de afiliados, mientras que los módulos quirúrgicos contemplan prestaciones organizadas bajo valores previamente establecidos. Cuando esos montos quedan desactualizados frente a los costos operativos, los prestadores enfrentan mayores dificultades para sostener sus actividades.
El problema, de acuerdo con la entidad, no se limita a los ingresos de los médicos. También involucra la capacidad de las instituciones para afrontar sus gastos, mantener la infraestructura necesaria y garantizar los recursos indispensables para la atención cotidiana.
En ese escenario, el Colegio expresó una posición contundente: “Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”.
La declaración vincula la crisis financiera con las condiciones concretas en las que trabajan los equipos médicos. La falta de recursos y la sobrecarga asistencial pueden colocar a los profesionales frente a decisiones complejas, especialmente cuando deben responder por la atención de pacientes sin contar con todos los insumos o medios necesarios.
La entidad también señaló que estas circunstancias deterioran la dignidad profesional y exponen a los médicos a dilemas éticos y responsabilidades legales. En consecuencia, reclamó que las autoridades reconozcan el impacto que la falta de financiamiento puede tener sobre la calidad y la continuidad de las prestaciones.
Los jubilados, en el centro del conflicto
Los adultos mayores representan uno de los sectores más expuestos a las consecuencias de esta situación. Las demoras en las consultas, las dificultades para acceder a medicamentos y la interrupción de tratamientos pueden afectar especialmente a quienes necesitan controles periódicos o atención médica sostenida.
El Colegio de Médicos recordó que la salud constituye un derecho fundamental y no puede quedar subordinada exclusivamente a criterios presupuestarios. “La salud es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no una mercancía prescindible ni una ‘carga’ presupuestaria”, sostuvo.
Frente a este panorama, la entidad exigió la convocatoria a una mesa de diálogo resolutiva que reúna al Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y las organizaciones prestadoras. También reclamó una actualización inmediata de los aranceles y las cápitas de acuerdo con los costos operativos reales, junto con la cancelación de las deudas pendientes.
A esos pedidos se suma la necesidad de garantizar la continuidad y la calidad de las prestaciones, para evitar que las dificultades de financiamiento terminen convirtiéndose en barreras de acceso a la atención.
El Colegio cuestionó, además, la falta de respuestas institucionales y el bloqueo de los canales de diálogo con las autoridades sanitarias nacionales. Por eso, insistió en que el conflicto debe tratarse como un problema de salud pública y no solamente como una discusión administrativa.
La advertencia deja planteado un desafío para el sistema sanitario: resolver las dificultades del PAMI antes de que sus consecuencias profundicen la presión sobre los hospitales públicos. Para la entidad bonaerense, defender a los afiliados, a los prestadores y a los profesionales exige medidas concretas que permitan sostener una atención digna y oportuna.
