El diario 
CARBAP cuestionó la nueva ley bonaerense que permite destinar fondos del Impuesto Inmobiliario Rural a obras hídricas y advirtió sobre el deterioro de los caminos rurales.
La decisión de modificar el destino de los recursos asignados al mantenimiento de los caminos rurales abrió un nuevo frente de discusión en la provincia de Buenos Aires. La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense, busca facilitar obras de prevención ante el riesgo de inundaciones asociado al fenómeno de El Niño, pero generó un fuerte rechazo de las entidades agropecuarias.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó la iniciativa y sostuvo que la solución a los problemas hídricos no debería comprometer el financiamiento de una infraestructura fundamental para la producción y la vida cotidiana en el interior bonaerense.
Contenido de esta nota
La organización ruralista consideró que los caminos de tierra ya atraviesan una situación crítica y que necesitan mayores inversiones para recuperar su transitabilidad. En ese contexto, reclamó que las autoridades busquen alternativas de financiamiento para las obras hidráulicas, sin recurrir a partidas que tienen un destino específico.
CARBAP cuestionó el uso de fondos para caminos rurales
El eje del reclamo de CARBAP es la modificación de la Ley 13.010, que habilita a los municipios a utilizar recursos del Impuesto Inmobiliario Rural originalmente asignados a la red vial para ejecutar obras hídricas. La entidad rechazó que se afecte una parte de la recaudación que, según recordó, equivale al 12,5% del impuesto y tiene como finalidad el mantenimiento de los caminos rurales.
En un comunicado, la confederación expresó su oposición a la medida y advirtió que resulta inadmisible reducir los recursos disponibles para una infraestructura que, según su diagnóstico, presenta un deterioro significativo. La entidad sostuvo que los caminos rurales están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos.
El planteo se relaciona con la importancia que tiene la red vial de tierra para el funcionamiento de las actividades agropecuarias. Estos caminos permiten conectar establecimientos productivos con rutas, centros urbanos, mercados y servicios. Su estado también condiciona la circulación de trabajadores, el traslado de insumos y el acceso de los habitantes de las localidades rurales a distintas prestaciones.
Cuando los caminos presentan dificultades de circulación, las consecuencias pueden extenderse más allá de la actividad económica. La transitabilidad resulta importante para el transporte escolar, la atención de emergencias y el desplazamiento cotidiano de las familias que viven en zonas alejadas de los centros urbanos.
CARBAP considera que la modificación presupuestaria puede agravar esos problemas si los municipios utilizan los fondos viales para otros fines sin contar con recursos suficientes para sostener las tareas de conservación. Por eso, la entidad planteó que las obras hídricas deben financiarse mediante otras fuentes, en lugar de trasladar el costo a una infraestructura que también requiere atención urgente.
Qué permite la nueva ley bonaerense
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley una iniciativa que autoriza a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados a la red vial para realizar obras hidráulicas.
El proyecto fue impulsado por el senador Sergio Raúl Vargas, del bloque Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi. Su finalidad es ampliar las herramientas disponibles para que los gobiernos locales puedan ejecutar trabajos de prevención ante posibles inundaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.
La norma establece una vigencia de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Durante ese período, los municipios podrán destinar los recursos habilitados a intervenciones vinculadas con el manejo del agua y la reducción del riesgo hídrico.
Entre las tareas contempladas figuran la construcción y mejora de drenajes pluviales, la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas, la ejecución de defensas hídricas y la compra de equipamiento necesario para llevar adelante esas acciones.
El alcance de la autorización es uno de los aspectos centrales de la controversia. Mientras la ley apunta a facilitar una respuesta ante posibles contingencias climáticas, CARBAP advierte que permitir el uso de hasta la totalidad de los fondos viales puede dejar en segundo plano las necesidades de conservación de los caminos rurales.
La discusión enfrenta, de esta manera, dos necesidades de infraestructura: por un lado, prevenir inundaciones y mejorar el escurrimiento del agua; por otro, mantener en condiciones la red vial que conecta a las comunidades y a los establecimientos productivos.
El reclamo por otras fuentes de financiamiento
Además de cuestionar el cambio en el destino de los fondos, CARBAP criticó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la iniciativa. En su comunicado, titulado “Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí”, la entidad objetó que el proyecto se tratara sobre tablas, sin el debate previo en comisiones.
Según sostuvo, la decisión fue posible gracias a una mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense. Por ese motivo, atribuyó responsabilidad política a las fuerzas que permitieron avanzar con el tratamiento y la aprobación de la norma.
La organización también cuestionó el funcionamiento legislativo durante el año. Señaló que, después de un período con escasa actividad parlamentaria, diputados y senadores avanzaron en poco tiempo con una medida que, a su entender, perjudica el financiamiento de los caminos rurales.
Otro de los puntos del reclamo es el manejo de los recursos municipales. CARBAP recordó que los municipios cobran la tasa vial y sostuvo que, pese a esa recaudación, numerosos caminos continúan deteriorándose. En consecuencia, reclamó que primero se revise la administración de los fondos existentes y se garantice que se utilicen para el propósito previsto.
En relación con El Niño, la entidad advirtió que la prevención debe organizarse antes de que ocurran las catástrofes. Desde su perspectiva, la necesidad de ejecutar obras hidráulicas no justifica desfinanciar otra infraestructura esencial.
El debate ahora gira en torno a cómo compatibilizar la prevención de inundaciones con el mantenimiento de la red vial rural. Mientras los municipios cuentan con una nueva herramienta para financiar trabajos hídricos, CARBAP reclama que se definan otras fuentes de recursos y que se garantice la continuidad de las inversiones necesarias para los caminos del interior bonaerense.
