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Los odontólogos bonaerenses advierten sobre los riesgos de tratamientos realizados por personas sin título ni matrícula y reclaman mayores controles para proteger la salud bucal en provincia de Buenos Aires.
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Una oferta que parece accesible, una recomendación que circula entre conocidos o una publicación en redes sociales pueden ser suficientes para que una persona decida dónde atenderse cuando necesita resolver un problema odontológico.
En tiempos de dificultades económicas, la posibilidad de acceder a un tratamiento más barato puede resultar especialmente atractiva. El problema aparece cuando detrás de esa propuesta no existe un profesional habilitado y la atención queda en manos de alguien que carece de formación universitaria, matrícula y autorización para ejercer.
La situación genera preocupación entre las entidades que regulan la actividad profesional en la provincia de Buenos Aires. No se trata solamente de una cuestión administrativa o de una infracción vinculada con el ejercicio de una profesión. Los especialistas advierten que determinadas prácticas pueden generar consecuencias graves para la salud.
El escenario también presenta otra particularidad: según el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, los casos de ejercicio ilegal que históricamente tuvieron una fuerte presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienzan a detectarse en otras localidades bonaerenses.
La expansión de estas prácticas vuelve a poner en discusión la importancia de verificar quién realiza un tratamiento, especialmente cuando se trata de intervenciones que pueden afectar tejidos, piezas dentarias y otros componentes de la salud bucal.
Una práctica que se extiende
El Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por la persistencia de casos de personas que ofrecen servicios odontológicos sin contar con título habilitante ni matrícula profesional.
Según la entidad, estas situaciones aparecen mediante distintos canales. Las redes sociales, la publicidad informal y las recomendaciones personales se encuentran entre las vías utilizadas para promocionar tratamientos.
El atractivo suele estar relacionado con la promesa de soluciones rápidas y económicas. Sin embargo, el bajo costo inicial puede ocultar consecuencias que terminan siendo mucho más complejas de resolver.
Desde el Colegio señalaron que la problemática tiene una presencia importante en el AMBA, aunque comenzaron a recibirse y detectarse situaciones en otras localidades de la provincia.
Para la institución, la situación económica puede contribuir a la expansión del fenómeno. La necesidad de reducir gastos lleva a algunas personas a buscar alternativas de menor precio, sin necesariamente conocer las consecuencias que puede tener una atención realizada por alguien sin habilitación profesional.
El presidente del Colegio de Odontólogos, Diego Biscioni, advirtió que entregar la atención de la salud a una persona sin formación universitaria ni matrícula puede derivar en infecciones severas, pérdida de piezas dentarias y lesiones irreversibles.
La advertencia apunta a un aspecto que muchas veces queda relegado frente al precio del tratamiento: la odontología no consiste únicamente en una cuestión estética.
Un procedimiento aparentemente sencillo puede requerir conocimientos específicos para realizar un diagnóstico correcto, elegir materiales adecuados, respetar normas de bioseguridad y reconocer posibles complicaciones.
Por eso, la diferencia entre una prestación profesional y una práctica realizada de manera informal puede tener consecuencias que no siempre resultan visibles en el momento.
Odontólogos y el riesgo de las lesiones
Uno de los puntos que mayor preocupación genera está relacionado con los efectos que pueden provocar determinados dispositivos o tratamientos confeccionados de manera incorrecta.
El Colegio recordó que los traumatismos crónicos ocasionados por prótesis mal adaptadas o dispositivos odontológicos deficientemente confeccionados pueden producir lesiones persistentes en los tejidos de la boca.
La institución señaló que esas lesiones constituyen factores de riesgo para el desarrollo de patologías de extrema gravedad, entre ellas distintos tipos de cáncer bucal.
La advertencia no significa que una práctica odontológica deficiente produzca automáticamente una enfermedad de este tipo, sino que determinados traumatismos crónicos pueden constituir un factor de riesgo que requiere atención y seguimiento adecuados.
El dato permite dimensionar por qué la elección de quien realiza un tratamiento no debería estar determinada exclusivamente por el precio.
Una prótesis mal adaptada, por ejemplo, puede generar molestias y afectar la funcionalidad. Pero si el problema se mantiene durante un período prolongado y no recibe una evaluación profesional, puede derivar en lesiones que requieren una atención más compleja.
A esto se suma otro aspecto fundamental: un odontólogo matriculado está formado para realizar diagnósticos y detectar patologías que pueden pasar inadvertidas para una persona sin capacitación específica.
La formación universitaria, la actualización profesional y el cumplimiento de normas éticas y de bioseguridad forman parte de los requisitos que permiten ejercer legalmente la actividad.
La matrícula, en ese sentido, no representa solamente un número o una exigencia burocrática. Funciona como una herramienta para identificar a quienes cumplen las condiciones necesarias para ejercer la profesión.
Cómo verificar a un profesional
Frente a la preocupación por el crecimiento de los casos de ejercicio ilegal, el Colegio de Odontólogos reafirmó las tareas de control y fiscalización que desarrolla en el territorio bonaerense.
Entre esas acciones se encuentran la matriculación, la supervisión, la recepción de denuncias y el seguimiento de situaciones en las que podría existir ejercicio ilegal de la odontología.
También se llevan adelante tareas de concientización destinadas a advertir a la población sobre la importancia de elegir profesionales habilitados.
Para los pacientes, una de las principales recomendaciones consiste en comprobar que el profesional que realizará la atención tenga matrícula vigente.
El Colegio dispone en su sitio web de un apartado destinado a verificar la matrícula de los profesionales. Allí también se encuentra información relacionada con el procedimiento para efectuar denuncias ante posibles casos de ejercicio ilegal.
La verificación adquiere especial importancia cuando la atención surge a partir de publicaciones en redes sociales o de propuestas informales que ofrecen tratamientos a precios considerablemente inferiores a los habituales.
El precio, por sí solo, no permite determinar si una prestación es segura o insegura. Pero una oferta que no permite identificar claramente al profesional, su matrícula o el establecimiento donde trabaja debería generar cautela.
También resulta importante conocer dónde se realizará el tratamiento y comprobar que se trate de un establecimiento debidamente habilitado.
El reclamo del Colegio apunta, en definitiva, a que la comunidad incorpore estos controles como parte de las decisiones relacionadas con su salud.
El escenario plantea un desafío que excede la fiscalización de los profesionales. También requiere que los pacientes cuenten con información suficiente para reconocer los riesgos y saber dónde consultar antes de someterse a un tratamiento.
Mientras los casos detectados comienzan a aparecer en distintas localidades bonaerenses, el Colegio sostiene que continuará con las tareas de control, denuncia y concientización.
La evolución de este fenómeno estará vinculada no solamente con la capacidad de detectar a quienes ejercen ilegalmente, sino también con la posibilidad de reducir la demanda de estas prestaciones mediante información y prevención.
En una actividad donde un error puede tener consecuencias permanentes, verificar quién está detrás de un tratamiento constituye una decisión directamente relacionada con el cuidado de la salud.
