El diario
La problemática por la falta de patentes alcanzó un punto crítico y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, responsabilizó de manera directa al Gobierno nacional.
Ante este escenario, el funcionario anunció que la Provincia implementará una alternativa para garantizar la identificación de los vehículos y reducir el impacto en materia de control vial y seguridad.
Según explicó Marinucci, el inconveniente se agrava mes a mes, con un número creciente de autos y motos circulando sin dominio visible. “Muchos cuentan con el certificado de tramitación, pero otros aprovechan la coyuntura para evadir controles, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”, advirtió.
El conflicto por las chapas patentes
El faltante de patentes tiene su origen en la intervención de la Casa de la Moneda, un organismo clave en la producción y entrega de chapas identificatorias. Trabajadores de la entidad denunciaron que la parálisis en su funcionamiento ha generado un retraso en la provisión que afecta a concesionarias, registros automotores y, en última instancia, a los conductores.
Lo anunció el ministro de Transporte, Martín Marinucci. Dijo que el falante es “100% responsabilidad de Nación”.
Para enfrentar la situación, el Ministerio de Transporte bonaerense avanza en una resolución que habilitará el uso de una placa alternativa de carácter oficial. Esta medida tendrá como objetivo principal brindar una identificación provisoria a los vehículos que aún no hayan recibido sus patentes definitivas. “Si Nación regulariza la entrega, esta herramienta quedará como normativa para casos puntuales, como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”, precisó Marinucci.
La decisión de la Provincia busca responder a una problemática que no solo afecta la seguridad vial, sino que también tiene implicancias legales y administrativas. La falta de patentes visibles dificulta la tarea de las fuerzas de seguridad, limita la efectividad de las cámaras de control y obstaculiza la investigación de ilícitos en los que los vehículos están involucrados.
En este contexto, el ministro también criticó a quienes, aprovechando el faltante, retiran voluntariamente las chapas de sus vehículos para evitar multas. “Las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley”, señaló. Esta práctica, según advirtió, no solo constituye una infracción grave, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.
Por su parte, el Gobierno nacional ha asegurado en dos oportunidades que la situación será normalizada. La última promesa estableció como fecha límite el 1 de septiembre, aunque desde la Provincia mantienen un plan de contingencia para no depender exclusivamente de esa resolución.
El impacto de esta crisis por falta de patentes es visible en distintos puntos de la provincia: concesionarias que no pueden entregar vehículos nuevos con la documentación completa, propietarios que circulan con permisos provisorios y autoridades de tránsito que encuentran cada vez más dificultades para realizar controles efectivos.
Especialistas en seguridad vial advierten que, si bien una placa alternativa puede ser una medida paliativa, la solución definitiva requiere el restablecimiento del sistema de producción y distribución de patentes a nivel nacional. En este sentido, remarcan que la identificación clara y visible de los vehículos es un pilar fundamental para la prevención de delitos, la detección de infracciones y la reducción de la siniestralidad.
Mientras tanto, la Provincia de Buenos Aires apuesta a su propia estrategia para enfrentar la coyuntura. La implementación de una chapa sustitutiva oficial no solo busca garantizar que cada vehículo tenga un elemento identificatorio, sino también enviar un mensaje claro: la ley debe cumplirse y las maniobras especulativas para evadirla no serán toleradas.
Si el compromiso nacional de regularizar la entrega de patentes se cumple en la fecha anunciada, la crisis podría llegar a su fin en pocas semanas. Sin embargo, el episodio deja en evidencia la necesidad de contar con mecanismos de contingencia que eviten que una situación administrativa termine comprometiendo la seguridad vial y el orden público.
