El diario
El Gobierno nacional está revisando todos los convenios que firmaron las universidades nacionales con diversos ministerios para corroborar si los fondos aportados cumplieron con los objetivos.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) está revisando 2245 acuerdos entre universidades y entidades de la Administración Pública Nacional para evaluar cómo se emplearon los fondos y si se alcanzaron los objetivos estipulados en los convenios, cuyos montos varían entre $2 millones y $170 millones.
Una conclusión inicial del análisis sugiere que los acuerdos se realizaron sin licitación y de manera directa, lo que genera interrogantes en el organismo de control dirigido por Miguel Blanco. La SIGEN mantiene en reserva los resultados del análisis, con el objetivo de determinar si existió desvío de fondos o malversación de caudales públicos.
En particular, la SIGEN revisa estos convenios para determinar si se cumplió el objetivo por el que fueron creados, qué resultados se obtuvieron, si la ejecución del dinero estuvo a cargo de la universidad o si se realizaron subcontrataciones a terceros. “El objetivo es ver la correcta y completa aplicación de los fondos entregados”, aseguraron desde el organismo.
No es una cuestión de revisar el presupuesto universitario, sino de contratos mediante los cuales ministerios y entidades gubernamentales remuneraban a estas instituciones educativas por servicios como capacitaciones, consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas. Es un procedimiento que permite al Gobierno ejercer mayor control sobre las universidades sin infringir normativas existentes, tal como lo estableció el fallo de noviembre de 2022, firmado por Carlos Zannini, por entonces Procurador del Tesoro, que indicó que la SIGEN no estaba habilitada para auditar a las universidades nacionales, excluyéndolas del artículo 100 de la ley 24.156.
De cualquier manera, la SIGEN ha enfocado su atención en acuerdos como el que la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza firmaron por $170 millones para la transferencia tecnológica en digitalización de documentos e informatización documental, o el convenio que permite a los trabajadores del antiguo Ministerio de Desarrollo Social mejorar en diseño, implementación y evaluación de proyectos para la administración pública. Este último se firmó con la Universidad Nacional de Guillermo Brown por $22.480.000, y todo el programa se realizó de forma virtual.
Fueron numerosos los ministerios que contrataron a universidades. En la lista están el Ministerio de Ciencia; la Secretaria General de la Nación; INDEC; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad, Agencia de Acceso a la Información Pública; jefatura de gabinete; Min de Desarrollo Territorial y Hábitat; Administración de Parques Nacionales; Ministerio de Mujeres; Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura; entre otros.
Entre las casas de estudios contratadas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
Otro de los ejemplos es el convenio entre el Ministerio de Mujeres y la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional para tareas de capacitación y formación de personal. Se trató de un posgrado en gestión de proyectos, Diplomatura de políticas públicas y gobierno digital, estudios de género a cambio de $2.093.000.
Al auditar estos convenios, el Gobierno sostiene la presión sobre las casas de estudio nacionales, a las que ya les comunicó su intención de revisar sus gastos. “Hace casi 10 años que no se hace una auditoría”, se quejó el miércoles el presidente Javier Milei.
En noviembre de 2023, la gestión de Alberto Fernández firmó un convenio con la SIGEN para fomentar acciones de control sobre universidades. De un total de 62, se adhirieron 27. La UBA no suscribió a ese convenio. Estos gastos comenzarán a auditarse en breve, pero mientras tanto el Ejecutivo busca avanzar con la auditoría paralela sobre contratos directos. De los 2245 convenios de asistencia técnica firmados con ministerios, 354 corresponden a la UBA.
