El diario
Un inspector municipal fue suspendido y denunciado penalmente tras ser vinculado a un ataque armado contra una cámara de seguridad. El caso pone en jaque a la Secretaría de Protección Ciudadana.
Un hecho inédito y alarmante sacudió los cimientos de la Secretaría de Protección Ciudadana de Luján. El 18 de julio por la noche, en el barrio El Quinto, una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal (COM) fue blanco de un ataque armado. Lo que parecía ser un acto vandálico más, derivó en una investigación interna y penal que apunta a un protagonista inesperado: Luis Francisco Barbieri, inspector fiscalizador de planta permanente del propio organismo encargado de velar por la seguridad.
Ataque a la cámara de seguridad
El episodio ocurrió en la intersección de las calles San Roque y Santa Elena. Según consta en la denuncia presentada por el subsecretario de Protección Ciudadana, Gabriel Jurina, junto al director de Seguridad, Pablo Hammer, una de las cámaras de videovigilancia dejó de emitir señal de forma repentina. Minutos más tarde, un vecino se comunicó con el 911 para informar que había presenciado cómo, desde un Toyota Corolla gris o champagne, un individuo había sacado un arma de fuego por la ventanilla y disparado directamente contra el dispositivo.
Gracias a la rápida reacción del equipo del COM, se inició un seguimiento del vehículo. Las imágenes registradas por el sistema de monitoreo permitieron identificar que el auto llevaba una patente adulterada (MVB-121), lo que levantó aún más sospechas. Al cotejar datos, se descubrió que la matrícula original era MVB-920 y que el automóvil estaba registrado a nombre de Barbieri, con domicilio en calle Alsina al 900.
Sanción ejemplar desde el Municipio
El intendente Leonardo Boto no tardó en tomar cartas en el asunto. El jueves 24 de julio firmó un decreto que dispuso el inicio de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de haberes por 45 días para Barbieri. La medida, avalada por la Subdirección de Sumarios, busca evitar que el agente interfiera en el proceso de investigación.
“Este tipo de conductas, especialmente cuando provienen de quienes tienen a su cargo tareas vinculadas a la protección ciudadana, deben ser sancionadas con el máximo rigor”, trascendió desde el entorno del Ejecutivo local.
Además del proceso administrativo, se presentó una denuncia penal contra Barbieri. Por el momento, no se ha confirmado si el inspector fue detenido ni si existen otras personas implicadas, pero fuentes cercanas al municipio no descartan que el sumario pueda extenderse a otros empleados de la misma dependencia.
Un caso rodeado de interrogantes
El ataque no solo reviste gravedad por tratarse de un atentado contra un bien público, sino por el perfil del presunto agresor. ¿Qué motivó a un inspector de Protección Ciudadana a atacar una cámara del sistema de seguridad del cual forma parte? ¿Actuó por cuenta propia o responde a una red más compleja?
Hay además elementos que refuerzan el misterio. Según pudo reconstruirse, Barbieri estaría vinculado familiarmente a un funcionario municipal que, en mayo del año pasado, fue víctima de un ataque incendiario contra dos vehículos en el barrio El Mirador. Casualmente, el ahora suspendido Barbieri fue visto en la escena de ese hecho, aunque en su momento brindó explicaciones ambiguas sobre su presencia.
Este historial alimenta las sospechas de que el reciente atentado contra la cámara del COM podría no ser un hecho aislado, sino parte de una posible trama más amplia vinculada a conflictos internos, delitos o encubrimientos.
Otra cuestión no menor es la modificación de la patente del vehículo: un indicio claro de que el ataque fue planificado con antelación y no una reacción impulsiva. La posibilidad de que el objetivo del disparo no fuera solo la cámara, sino también el transformador eléctrico cercano, sugiere una intención deliberada de dejar sin suministro a la zona, lo que abre un nuevo frente de investigación.
Protección Ciudadana, bajo la lupa
Este escándalo instala un manto de sospecha sobre el funcionamiento de la Secretaría de Protección Ciudadana y sus controles internos. ¿Cómo se explica que un agente con acceso a información sensible haya podido operar de este modo sin ser detectado previamente? ¿Qué mecanismos de control fallaron? Y lo más preocupante: ¿hay más casos similares que aún no salieron a la luz?
El intendente Boto optó por marcar una postura firme, aunque puertas adentro se habla de un clima tenso en el área de seguridad, con reclamos por falta de recursos, sobrecarga de tareas y vínculos personales que podrían estar interfiriendo con la transparencia institucional.
La causa penal se encuentra en una etapa inicial, pero el caso ya es uno de los más graves y complejos que haya enfrentado la administración local en los últimos tiempos. La ciudadanía, por su parte, espera respuestas claras, certezas jurídicas y, sobre todo, garantías de que el sistema de vigilancia y seguridad municipal no se convierta en un instrumento manipulado desde adentro.
Un llamado urgente a la transparencia
Este episodio debe servir como un punto de inflexión para revisar de forma integral el accionar de los agentes municipales vinculados a tareas de seguridad. La función de Protección Ciudadana es garantizar el bienestar colectivo, no encubrir prácticas delictivas ni generar nuevos focos de inseguridad.
La transparencia, el control y la rendición de cuentas no son solo exigencias éticas: son condiciones básicas para sostener la confianza pública en las instituciones. El tiempo y la Justicia dirán si este caso fue un hecho aislado o la punta del iceberg de algo más profundo. Lo que ya no puede discutirse es que, cuando quienes deben proteger terminan atacando, la alarma institucional debe encenderse con más fuerza que nunca.
