El diario
El Gobierno detectó que miles de Certificados Únicos de Discapacidad seguían activos pese al fallecimiento de sus titulares, en medio de una auditoría que expone fallas estructurales y posibles delitos.
En el marco de una auditoría integral sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional detectó una irregularidad de alto impacto institucional y económico: 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) figuraban como activos a nombre de personas fallecidas.
La anomalía surgió tras un cruce de información entre ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), ordenado por el actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud, Mario Lugones. A partir de este hallazgo, se dispusieron bajas inmediatas de los certificados observados.
Fuentes oficiales señalaron que el próximo paso será verificar si existieron prestaciones cobradas en nombre de los beneficiarios fallecidos y avanzar sobre los prestadores que declararon haber brindado servicios.
Discapacidad y beneficios bajo la lupa
El CUD es un documento público y gratuito que certifica la Discapacidad y permite acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito y asignaciones familiares. Su otorgamiento no tiene vencimiento fijo, aunque requiere actualizaciones periódicas que actualmente se encuentran prorrogadas.
La detección de certificados activos de personas fallecidas encendió alarmas en la Casa Rosada, donde ya se analizan posibles acciones judiciales por fraude contra quienes hayan percibido beneficios indebidos.
Auditoría y escándalo previo
La auditoría integral fue impulsada el 28 de agosto, tras el escándalo que derivó en la salida del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios que lo vinculan a un presunto circuito de cobro de coimas. Aunque el exfuncionario aseguró que las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, la investigación administrativa avanzó y expuso inconsistencias estructurales en el organismo.
Los resultados finales del proceso aún no están cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026.
