El diario
En un anuncio que ha generado gran controversia, el Gobierno ha decidido cerrar 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país.
Esta decisión se suma al cierre previo de cinco centros adicionales, dejando operativos únicamente 24 de los 110 que existían al inicio de la gestión de Javier Milei.Los CAJ han sido fundamentales para proporcionar atención legal primaria a la población, facilitando el acceso a la justicia para miles de personas. Según datos oficiales, entre enero de 2020 y octubre de 2023, estos centros atendieron 623.782 consultas, ayudando a más de 340 mil personas en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, ha justificado los cierres argumentando que una auditoría interna calificó estos centros como “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.
El impacto del cierre y el acceso a la justicia
El impacto de esta decisión es significativo, ya que los CAJ empleaban a cientos de personas, incluyendo administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. La clausura de estas oficinas no solo afectará la disponibilidad de servicios legales para la población, sino que también incrementará el número de despidos en un área que ya ha registrado pérdidas de empleo.
En un comunicado titulado “Se cierra otra caja política”, el Ministerio de Justicia afirmó que los CAJ eran “dependencias estatales que acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores sin demostrar resultados y duplicando funciones”. El comunicado también señaló que el costo anual de mantener estos centros ascendía a más de 8 mil millones de pesos, un gasto que, según el ministerio, el país no puede seguir afrontando en la nueva etapa económica.
La medida ha generado reacciones mixtas. Por un lado, algunos sectores apoyan la decisión del gobierno de reducir lo que consideran un gasto innecesario, mientras que otros critican la falta de consideración por el impacto social de estos cierres. Los críticos argumentan que la eliminación de los CAJ pone en riesgo el acceso a la justicia para las personas más vulnerables y marginalizadas, quienes dependen de estos servicios para recibir asistencia legal básica.
En la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran la mayoría de los centros afectados, la noticia ha sido particularmente dura. Actualmente, alrededor de 60 centros operan en esta provincia, incluyendo en localidades del conurbano, así como en Dolores, Junín, Pergamino, Olavarría, Mercedes, Mar del Plata y San Nicolás. El cierre de estos centros podría dejaría a muchas comunidades sin acceso a servicios legales esenciales.
La justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática, y el acceso equitativo a la misma es crucial para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. La decisión de cerrar una parte significativa de los CAJ plantea preguntas importantes sobre cómo el gobierno planea asegurar que la población continúe teniendo acceso a asistencia legal.
A medida que avancen los cierres, será crucial observar cómo el gobierno maneja las consecuencias de esta decisión y qué medidas, si las hay, se implementarán para mitigar el impacto en las comunidades afectadas.
