El diario
El Colegio de Kinesiólogos bonaerense intensificó una serie de acciones destinadas a defender las incumbencias de la kinesiología en salud, garantizar la calidad académica y proteger a la población frente al ejercicio ilegal de la profesión.
Estas medidas, articuladas con universidades y el Ministerio de Salud bonaerense, apuntan a asegurar que los pacientes reciban atención de calidad y a reforzar la transparencia en la formación profesional.
Defensa de la profesión y de la salud pública
La conducción del CoKIBA, encabezada por el licenciado Pablo Dolce, remarcó que el objetivo central es resguardar la salud de la comunidad y evitar que personas sin formación adecuada se desempeñen en el ámbito kinesiológico. “Garantizar la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes es una prioridad, al igual que cuidar la integridad de la formación académica”, señalaron desde la institución.
Uno de los logros más destacados fue el acuerdo alcanzado con la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), tras meses de diálogo. El colegio detectó que el plan de estudios y la denominación del título intermedio “Técnico/a Universitario/a de Salud Comunitaria en Promoción del Movimiento” generaban confusión y podían habilitar situaciones de intrusismo profesional.
En una serie de reuniones con autoridades universitarias, entre ellas el rector Jaime Perczyk y la directora del Instituto de Salud Comunitaria, Andrea García, CoKIBA planteó la necesidad de ajustar el título y su currícula. Finalmente, a mediados de agosto, se aprobó por resolución ministerial la creación de la Tecnicatura Universitaria en Salud Comunitaria, eliminando cualquier referencia o competencia exclusiva de la Kinesiología.
Desde el Colegio destacaron que esta modificación “fue el resultado de un trabajo colectivo, con compromiso y vocación de diálogo, que garantiza tanto la formación académica como la seguridad de la salud de los pacientes”.
Lucha contra el ejercicio ilegal
En paralelo, CoKIBA avanzó con una fuerte estrategia de fiscalización. Solo en las últimas semanas se presentaron siete denuncias ante el Ministerio de Salud provincial, referidas a casos de ejercicio ilegal en localidades como Merlo, Marcos Paz, Ensenada, Berazategui, Avellaneda, Lanús y Bernal.
Asimismo, se realizaron inspecciones en Pilar y Villa Elisa, donde se detectaron personas que atendían en centros de kinesiología sin título habilitante. También se enviaron cartas documento a entidades deportivas de Lomas de Zamora y Berazategui, en las que se habrían ofrecido prácticas kinésicas sin respaldo académico ni legal.
Coordinación con el Ministerio de Salud
En línea con su campaña de protección profesional, CoKIBA mantiene una agenda de trabajo junto al Ministerio de Salud bonaerense, enfocada en la detección y sanción de quienes ejercen la kinesiología sin autorización.
En un encuentro reciente con la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria, encabezada por Julia Salomón, se abordaron temas clave como la agilización de habilitaciones de consultorios y la necesidad de actualizar el Decreto 3091/97, que regula el ejercicio profesional.
El presidente de CoKIBA, Pablo Dolce, junto al coordinador de la Comisión de Ejercicio Profesional, Rafael Mancera, remarcaron que la lucha contra el intrusismo no solo protege a los kinesiólogos, sino que también representa un compromiso directo con la salud de los bonaerenses, advirtiendo sobre los riesgos de recibir tratamientos por parte de personas sin formación universitaria.
Un compromiso con la calidad en salud
La Comisión de Ejercicio Profesional del CoKIBA sigue recibiendo denuncias, realizando relevamientos y acompañando inspecciones en distintos puntos de la provincia. Estas acciones se enmarcan en una política de control permanente y en la convicción de que la salud de la población depende de profesionales formados, reconocidos y habilitados legalmente.
Con estas iniciativas, el Colegio de Kinesiólogos reafirma su rol como organismo garante de la calidad académica, la defensa del título universitario y la protección de la comunidad frente a prácticas irregulares que ponen en riesgo la atención segura y profesional.
