El diario
El Gobierno nacional oficializó la desregulación total del sistema de aranceles en colegios privados, permitiendo que las instituciones fijen cuotas y matrículas sin comunicar cambios ni solicitar aprobación estatal.
La medida deroga una normativa vigente desde hace más de 30 años y redefine la relación entre el Estado y la educación privada en todo el país.
Un cambio estructural en el sistema de aranceles de colegios privados
El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 787/2025, mediante el cual desreguló por completo el control estatal sobre las tarifas que cobran los colegios privados. La nueva normativa deja sin efecto el Decreto 2417/1993, que durante tres décadas estableció la obligación de informar anticipadamente el valor de las cuotas y solicitar autorización previa para realizar cualquier modificación.
Con este cambio, los institutos privados podrán fijar libremente sus aranceles sin necesidad de comunicar aumentos, un giro que representa un quiebre histórico en el esquema regulatorio de la educación privada en la Argentina.
Según el Ejecutivo, el sistema anterior generaba distorsiones y provocaba un comportamiento defensivo por parte de las instituciones, que tendían a fijar tarifas más altas por temor a no cubrir costos en un escenario de inflación y demoras administrativas.
El Gobierno argumenta que la norma derogada “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. Además, remarca que el marco regulatorio había sido diseñado en un contexto normativo totalmente distinto, cuando la educación dependía de manera directa del Ejecutivo nacional.
Con el traspaso de competencias educativas a las provincias, la Nación considera necesario “adecuar las reglas a la actual distribución de funciones” y favorecer “un entorno más propicio para la gestión” de los colegios privados, garantizando —según los fundamentos oficiales— la sostenibilidad económica de las instituciones y la continuidad del derecho a una educación de calidad.
Impacto en familias y escuelas: argumentos y controversias
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la afirmación del Gobierno de que la obligación de informar y solicitar autorización generaba “efectos contraproducentes” que afectaban la viabilidad económica de los establecimientos privados.
De acuerdo con los fundamentos, al no poder ajustar sus tarifas de manera dinámica frente a los cambios económicos, muchos colegios aplicaban aumentos iniciales más altos de lo necesario por temor a quedar desfasados respecto de los costos reales.
Esta dinámica, según el Ejecutivo, terminaba trasladándose a las familias, que enfrentaban cuotas más elevadas desde el inicio del ciclo lectivo y veían limitada su capacidad de elegir establecimientos acordes a su presupuesto. En algunos casos, según sostiene el Gobierno, esa situación incluso obligaba a cambiar a los estudiantes de institución en plena cursada.
El nuevo esquema busca eliminar ese comportamiento preventivo y permitir que cada colegio ajuste sus valores según su estructura de costos sin depender del aval estatal. No obstante, la medida genera preocupación entre familias y organizaciones educativas, que advierten sobre un posible escenario de incrementos bruscos y heterogéneos en las cuotas.
Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación favorecerá una competencia más transparente y sostenible, distintos sectores alertan que los efectos podrían profundizar las brechas de acceso a la educación privada, especialmente en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.
