El diario
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió intensificar las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema universitario.
El Plenario de Secretarios Generales definió por unanimidad continuar con jornadas semanales y rotativas de protesta de 48 horas, que incluirán paros, movilizaciones, asambleas y distintas acciones según lo resuelva cada asociación de base.
Las medidas de lucha de CONADU
Las medidas se desarrollarán este jueves y viernes 21 y 22 de agosto; luego el martes y miércoles 26 y 27 de agosto; y finalmente el lunes y martes 1° y 2 de septiembre. El objetivo central será visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades y sumar apoyo a la Tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aprobación ya fue vetada anticipadamente por el gobierno nacional.
🔵CONADU continúa el plan de lucha con paros y movilizaciones
El Plenario de Secretarixs Generales de #CONADU, definió por unanimidad continuar el plan de lucha en las universidades de todo el país.#SomosLaUniversidadPública
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— CONADU (@PrensaCONADU) August 19, 2025
Desde la CONADU confirmaron además que impulsarán, junto al Frente Sindical Universitario, un acto frente al Congreso el día en que el Senado debata la norma, previsto para el 28 de agosto.
“Debemos mantener un alto grado de movilización. La ley debe ser aprobada por amplia mayoría y tenemos que enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria que exprese la legitimidad de nuestros reclamos”, señaló Carlos De Feo, secretario general de CONADU.
El Plenario de Secretarios Generales volverá a reunirse en los primeros días de septiembre para evaluar la situación y definir nuevas medidas, en caso de que el Gobierno no brinde respuestas concretas a los reclamos del sector.
De esta manera, la CONADU busca consolidar el respaldo de la comunidad académica y social en defensa de la universidad pública, frente a lo que consideran una política de desfinanciamiento y ajuste que amenaza su funcionamiento.
