El diario
El Gobierno nacional profundizó su política de desregulación y este miércoles oficializó la derogación de 71 normas vinculadas al comercio.
Muchas de estas normas estaban asociadas a programas ya discontinuados como Precios Justos, la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento.
La medida quedó plasmada en la Resolución 357/2025, publicada en el Boletín Oficial, bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Según el comunicado oficial, el propósito de esta decisión es eliminar trabas burocráticas, transparentar el comercio interno y facilitar las relaciones comerciales. “Se trata de normativas que obstaculizaban el intercambio entre consumidores y empresas, habilitaban controles de precios abusivos y regulaban programas ya dados de baja”, señaló la Secretaría.
En ese sentido, la resolución apunta a dejar sin efecto un conjunto de regulaciones consideradas innecesarias o superpuestas que, en muchos casos, exigían información a empresas y cadenas de supermercados sin un fin práctico ni seguimiento por parte del Estado.
Normas ligadas a la Ley de Abastecimiento
De las 71 normas eliminadas, 27 correspondían a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, que había sido derogada a comienzos de la gestión actual mediante el DNU 70/23. Estas disposiciones le otorgaban al Estado la facultad de fijar precios y márgenes de ganancia en sectores clave como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción.
El oficialismo considera que esas regulaciones generaban distorsiones en el mercado y afectaban la libre competencia. Con la derogación, busca consolidar un marco normativo más flexible y adaptado a la lógica del comercio actual.
Otro bloque de regulaciones eliminado corresponde a 20 normas que respaldaban programas ya desactivados, entre ellos Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.
En particular, quedaron sin efecto las resoluciones que habilitaban convenios entre municipios y la Nación para fiscalizar los precios de referencia en las góndolas, lo que representaba una de las herramientas de control del programa Precios Justos.
La Ley de Góndolas, también alcanzada
La Ley de Góndolas, sancionada en 2020 con el objetivo de garantizar un espacio en las estanterías de supermercados para segundas y terceras marcas, también quedó sin efecto en la práctica. Si bien había sido derogada formalmente junto con la Ley de Abastecimiento, todavía subsistían disposiciones regulatorias que ahora fueron eliminadas por la Secretaría de Industria y Comercio.
Estas normas definían cómo debían exhibirse los productos en los puntos de venta, imponiendo límites a las marcas líderes para asegurar la competencia. El Gobierno consideró que se trataba de un esquema “impracticable y obsoleto” que limitaba la dinámica del comercio minorista.
Derogación de regulaciones sobre el Coprec
Una parte significativa del paquete se centra en 24 normas relacionadas con el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec). El organismo había sido disuelto previamente por considerarse redundante y burocrático frente a otras instancias ya existentes.
Entre las regulaciones eliminadas se encontraban disposiciones sobre la admisión de reclamos, la homologación de acuerdos entre consumidores y empresas, así como el pago de honorarios a conciliadores.
Impacto en el sector comercial
Con esta resolución, el Gobierno busca dar una señal de previsibilidad al sector del comercio, apostando a un esquema de menos regulaciones y mayor libertad en la formación de precios y en la organización de la oferta en supermercados y comercios minoristas.
El desafío, sin embargo, radica en el equilibrio entre desregulación y protección al consumidor. Mientras el oficialismo destaca que se eliminan “controles abusivos” y cargas administrativas innecesarias, especialistas advierten que sin un marco de regulación mínima podría ampliarse la brecha de precios y disminuir la protección de los usuarios frente a posibles abusos de posición dominante.
Lo cierto es que la Resolución 357/2025 marca un nuevo paso en la estrategia económica del Gobierno, orientada a liberar el comercio interno de regulaciones históricas, apostando a que la competencia y el mercado sean los principales reguladores de precios y condiciones de consumo.
