El diario
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregular la actividad estatal eliminando trámites en la industria del vino.
A través de la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación de casi mil normas que regían la actividad del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Con esta medida, el Ejecutivo busca desregular el sector, reducir la burocracia y concentrar los controles únicamente en el producto final embotellado.
La resolución elimina 973 normas que imponían requisitos presenciales, verificaciones repetitivas y múltiples trámites que, según el Gobierno, obstaculizaban la competitividad de las bodegas. “El nuevo marco simplifica procesos y reduce los costos regulatorios sin afectar la calidad ni la seguridad del consumo”, argumentaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Un cambio estructural en el rol del INV
Hasta ahora, el Instituto Nacional de Vitivinicultura intervenía en todas las etapas del proceso productivo: desde la cosecha y la elaboración hasta el transporte y la comercialización. Con la nueva normativa, ese esquema se modifica por completo. El INV dejará de controlar las fases iniciales y se limitará a verificar que el vino embotellado sea apto para el consumo y libre de adulteraciones.
Además, los controles de trazabilidad –como la certificación de origen, añada y varietal– pasarán a ser opcionales. Cada productor decidirá si los mantiene o no. Esta medida, según fuentes oficiales, apunta a brindar mayor autonomía a las bodegas y adaptarlas a las demandas del mercado internacional.
“Menos burocracia, menos corrupción”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa al sostener que “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.
Sturzenegger recordó que, solo en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones, con casos de bodegas que recibían una visita oficial cada dos días. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo como para que el Estado complique las cosas”, afirmó.
En ese sentido, el ministro insistió en que desregular el sector también implica cerrar la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción: “Los inspectores sólo tomarán muestras del producto embotellado para su análisis. Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”, sentenció.
Desregular para recuperar competitividad
Argentina produce alrededor de 900 millones de litros de vino al año y exporta cerca de US$ 800 millones, lo que la posiciona como el quinto productor mundial. Sin embargo, el sector enfrenta una coyuntura desafiante: la caída del consumo global y el avance de nuevas tendencias, como los vinos sin alcohol.
En este contexto, el Gobierno considera que la desregulación es una herramienta clave para devolverle dinamismo a la industria vitivinícola. “Es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, expresó Sturzenegger.
El nuevo esquema regulatorio alcanza a toda la cadena productiva: productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento, comercializadores, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos. Todos ellos dejarán de estar sujetos a controles presenciales reiterados y podrán gestionar sus operaciones con menos intervención estatal.
El Gobierno subraya que esta transformación no implica una relajación sanitaria, sino una reorientación del control estatal hacia los aspectos que realmente afectan la calidad del vino que llega al consumidor. “El INV seguirá garantizando que el vino argentino sea seguro, auténtico y competitivo, pero sin las trabas del viejo esquema burocrático”, afirmaron desde el organismo.
Un giro en la política vitivinícola argentina
La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la industria del vino. Desde la creación del INV, el modelo había sido fuertemente intervencionista, con una estructura que muchos consideraban obsoleta frente a las exigencias de un mercado globalizado.
Ahora, con esta reforma, el Gobierno busca desregular una actividad emblemática para el país y alinearla con las nuevas tendencias de gestión estatal: menos control previo, más eficiencia y foco en el resultado final.
El desafío será equilibrar la libertad productiva con la preservación de los estándares que hicieron del vino argentino un sello distintivo en el mundo.
