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El ministro de Economía ha iniciado un ambicioso plan de ajuste que busca eliminar por completo los subsidios a las tarifas de energía en un plazo de tres años.
Este ajuste fiscal, que forma parte de la hoja de ruta para alcanzar el superávit fiscal primario, impactará directamente en las boletas de luz y gas de los usuarios, promoviendo aumentos que se implementarán a partir de 2024.El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, lidera la estrategia que busca cambiar el paradigma de asistencia, centrándose en los sectores de menores ingresos. La propuesta contempla un tope de consumo subsidiado por mes, dependiendo de la capacidad de pago de los usuarios. Aquellos que superen dicho límite deberán abonar la tarifa plena. Este cambio, sumado a la recalibración de los contratos con empresas del sector para reducir costos, marca una transformación significativa en el modelo de subsidios.
El ajuste, que representa 0,7 puntos del Producto Interno Bruto (PBI) en subsidios para 2024, tiene como objetivo consolidar la estabilidad fiscal y reducir el déficit. El ministro Caputo señaló que, de este ajuste, 0,5 puntos corresponden a energía y 0,2 puntos a transporte, ambos sectores experimentarán aumentos tarifarios. La implementación será gradual, corrigiéndose a razón de un tercio por año.
El cambio más destacado es la transición de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda. Según Caputo, se establecerán límites de consumo subsidiado para los diferentes niveles de ingresos. Por ejemplo, para el Nivel 3 de electricidad, el tope será de 400 KWH mensuales, buscando una reducción significativa en comparación con los umbrales actuales.
En cuanto a la energía, actualmente la segmentación contempla tres universos de usuarios: los N1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena, N2 ( ingresos bajos) y N3 (ingresos medios). “En vez de subsidiar la oferta, se va a buscar subsidiar la demanda. Se le va a decir a la gente cuántos KWH por mes tienen subsidiados y van a pagar tarifa plena por lo que se excedan”, dijo Caputo. En concreto, la intención del Gobierno es definir escalas entre los N2 y N3 con determinados límites de consumo dentro del que contarán con asistencia. Para el caso de la electricidad N3 el tope es de 400 KWH mensuales, aunque la idea es que ese umbral sea de al menos la mitad que el actual y que el universo alcanzado también sea menor.
La recalibración de los contratos con empresas del sector busca reducir los costos y, en consecuencia, reflejar tarifas más bajas. La premisa central del Gobierno es promover “precios libres”, una estrategia que ya se evidenció en el mercado de combustibles la semana pasada.
La consultora Economía y Energía realizó una proyección de incrementos en las tarifas de energía contemplando: que los N1 no tendrán subsidio, los N3 pagan el costo pleno de abastecimiento, los N2 pagarán el 20% de ese costo, una recomposición del valor agregado de distribución y el impacto de la última devaluación.
Para los consumidores Nivel 1, la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para el Nivel 3 pasará de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 pasará de $3.970 a $9.082 (129% de suba). Para el gas, en tanto, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168%).
La urgencia del Gobierno en reducir la cuenta de subsidios se refleja en la convocatoria del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para una audiencia pública el 8 de enero, con el propósito de definir nuevos aumentos en las tarifas de gas. Además, la reciente declaración de la emergencia energética a través del Boletín Oficial apunta a agilizar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas.
Las consultoras anticipan la necesidad de nuevos incrementos para compensar los costos de producción, y la sociedad podría mostrar resistencia en un escenario donde los ingresos ya se ven afectados. La transición hacia un esquema de tarifas más ajustadas y acordes con la realidad económica se presenta como un desafío complejo para el Gobierno argentino en los próximos años.
