El diario
Las causas por por fotomultas y contratos viales, que avanzan en los ámbitos provincial y federal, abarcan desde supuestos negociados con concesiones de VTV, hasta operaciones financieras sospechosas vinculadas a sociedades creadas para administrar bienes alquilados al Estado.
El exministro de Transporte bonaerense Jorge Alberto D’Onofrio se encuentra en el centro de un expediente que involucra presuntas maniobras de corrupción, lavado de dinero y direccionamiento de contratos públicos durante su gestión.
La investigación, iniciada por el fiscal Álvaro Garganta en La Plata, expone un posible sistema paralelo de cobro irregular de multas de tránsito mediante gestores que ofrecían “borrar” o reducir infracciones a cambio de dinero. Paralelamente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, imputó al exfuncionario por lavado de activos, impulsando allanamientos en el microcentro porteño y en financieras no registradas, donde se secuestraron importantes sumas de dinero en distintas monedas y documentación clave para el expediente.
Los operativos permitieron detectar más de 200 millones de pesos, 425.000 dólares, 4.600 euros y 112.000 reales, lo que alimentó la sospecha de un entramado de blanqueo de fondos provenientes de contratos y concesiones direccionadas.
Entre los delitos que se investigan figuran fraude contra la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. La trama, según fuentes judiciales, también incluye adjudicaciones sospechosas en el sistema de VTV, contratos con empresas tecnológicas y el uso de sociedades “pantalla”.
Fotmultas, VTV y sociedades sospechosas: los ejes de la investigación
Uno de los puntos centrales de la causa es el presunto uso indebido del sistema de fotmultas, donde se habría implementado un mecanismo para intervenir en el procesamiento de infracciones: desde reducciones indebidas hasta la eliminación completa de sanciones mediante operadores vinculados a juzgados de faltas y áreas administrativas.
Otro capítulo clave está relacionado con las concesiones de VTV. La Justicia investiga adjudicaciones presuntamente direccionadas en beneficio de empresas vinculadas a la red investigada. En varios casos, los pliegos habrían sido manipulados para favorecer a determinados oferentes.
La maniobra más llamativa involucra a la sociedad Mobmenza Desarrollos SRL, que compró un edificio en La Plata tan solo 24 horas después de constituirse como empresa. El inmueble fue alquilado al Ministerio de Transporte, pese a que los socios —una mujer beneficiaria de planes sociales y un empleado del Ministerio de Seguridad— no tenían antecedentes empresariales. Para la Justicia, la compañía habría funcionado como una pantalla para canalizar fondos irregulares.
También se investiga el rol de un complejo deportivo ubicado en Belgrano 1200, en La Plata, señalado como posible instrumento de lavado vinculado a contratos de VTV. El predio está asociado a dirigentes empresariales y políticos, y aparece mencionado en denuncias sobre movimientos de dinero provenientes de retornos o coimas.
El expediente incluye, además, indicios de enriquecimiento ilícito: presunto desvío de fondos públicos, uso de inmuebles y financieras para ocultar dinero y un estilo de vida incompatible con los ingresos declarados.
La red empresarial bajo la lupa: CECAITRA, TNG Group y nuevos testimonios
En los últimos días, nuevos testimonios —presentados bajo reserva de identidad— alimentaron la investigación. Los aportes comprometen a empresas vinculadas a contratos de seguridad vial y al sistema de fotomultas en varios municipios de la provincia.
Uno de los señalamientos apunta a TNG Group SA, actual operadora del sistema de fotomultas en La Plata. La empresa, originalmente dedicada al rubro de fotocopiadoras, mantiene vínculos con CECAITRA, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito, a la que provee equipamiento a cambio de un porcentaje.
Según fuentes judiciales, el presidente de CECAITRA, Bernardino García, habría participado de acuerdos con D’Onofrio y empresarios del sector para direccionar contratos. El mecanismo incluía recomendaciones directas desde el Ministerio de Transporte, soporte tecnológico de CECAITRA y desvío de fondos en forma de retornos.
Las reuniones habrían ocurrido en oficinas privadas de la entidad, en el Hotel Faena y en un country de Pilar, lugares señalados por los testigos como puntos de encuentro donde se discutían las operaciones.
El impacto político ya se siente en La Plata y otros municipios donde opera TNG Group. Si bien no hubo decisiones oficiales, fuentes del oficialismo reconocen que algunos convenios podrían revisarse ante el avance del expediente para evitar conflictos futuros.
La defensa de D’Onofrio y un panorama judicial que se complica
El exministro declaró ante la UFI 11 de La Plata, donde negó cualquier vínculo con maniobras irregulares o con sociedades sospechadas. Sostuvo que los contratos se adjudicaron bajo normativa vigente y que no participó de decisiones técnicas. También afirmó no conocer a los socios de Mobmenza ni haber intervenido en la operatoria de fotmultas.
La causa continúa abierta en distintos fueros y suma cada semana nuevas pruebas, testimonios y análisis patrimoniales. En los pasillos judiciales coinciden en que el expediente recién está en una etapa inicial y puede escalar aún más.
“Todo indica que habrá nuevos capítulos en este escándalo político y judicial”, señalan fuentes cercanas a la investigación, mientras la situación de D’Onofrio se vuelve cada vez más delicada y su futuro judicial incierto.
