Desde el 15 de enero se eliminan aranceles a celulares importados, con bajas de precios, impacto desigual entre importados y Tierra del Fuego, y advertencias por impuestos, contrabando y competitividad.
El próximo 15 de enero comenzará a regir la segunda y última etapa de la rebaja de aranceles a los celulares importados, prevista en el Decreto 333/2025. Con esta medida, los equipos que ingresan al país dejarán de pagar derechos de importación, que ya habían sido reducidos del 16% al 8% en mayo pasado.
La eliminación total del arancel apunta a generar una baja en los precios finales de los teléfonos móviles, uno de los productos tecnológicos de mayor consumo en la Argentina y con valores históricamente superiores a los de otros países de la región.
El impacto en los precios al consumidor
Según explicó Sergio Airoldi, vicepresidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya), la reducción de precios sería de aproximadamente un 10% respecto de los valores actuales. No obstante, aclaró que el efecto podría comenzar a reflejarse recién en febrero, ya que los celulares ingresan al país mayoritariamente por vía aérea.
Desde el sector importador estiman incluso que, con la eliminación completa de los aranceles, la baja en los equipos importados podría ubicarse entre un 20% y un 25%, dependiendo de la marca y el modelo.
Pese a la rebaja, Airoldi advirtió que la Argentina continuará siendo al menos un 40% más cara que mercados como Chile, Paraguay o Estados Unidos. En ese sentido, señaló que la persistencia de impuestos internos del 9,5% y un IVA del 21% sigue generando un incentivo para el contrabando.
De acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres celulares que se vende en el país habría ingresado de manera ilegal, una situación que la baja de aranceles, por sí sola, no lograría revertir.
Importación de celulares y estrategias de las marcas
Un distribuidor oficial de Apple en la Argentina indicó que la reducción del 8% aplicada en mayo ya fue contemplada en la política de precios utilizada para el lanzamiento del iPhone 17 y para toda la línea de dispositivos actualmente disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.
Otros actores del mercado coinciden en que la eliminación total de los derechos de importación permitirá mejorar la competitividad de los equipos importados, aunque remarcan que el efecto final dependerá del contexto impositivo general.
En el caso de los celulares fabricados en Tierra del Fuego, la baja de precios estimada sería menor, de entre un 10% y un 15%. Esta reducción se explica por el régimen de pequeños envíos desde la isla y la eliminación de impuestos internos, medidas que comenzaron a regir a mediados del año pasado.
Desde el sector advierten que la competencia directa con los productos importados podría afectar el nivel de actividad en la provincia. “Es evidente que la producción local va a caer y puede ser preocupante”, señalaron, aunque destacaron que el régimen simplificado y la quita de impuestos internos permiten amortiguar parcialmente el impacto.
Costos en alza y desafíos estructurales
Fuentes vinculadas a la producción nacional señalaron que la baja de aranceles no alcanza a compensar el fuerte aumento en el costo de las memorias, un insumo clave en la fabricación de celulares, cuya demanda se disparó por el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial.
Además, sostienen que la reducción de precios de los equipos importados no es suficiente para que resulten más baratos que los fabricados localmente. “La brecha se achica, pero no desaparece. El contrabando no se frena y el beneficio para el consumidor es relativo”, afirmaron.
Desde esta perspectiva, el sector considera que todavía es rentable producir celulares en Tierra del Fuego, aunque advierte que el panorama a mediano plazo podría cambiar si se introducen nuevas modificaciones impositivas que afecten la rentabilidad del régimen.
Entre mayo y diciembre, la provincia alcanzó un acuerdo de paz social que incluyó el compromiso de las empresas de no despedir personal. En paralelo, se conformó una mesa de competitividad y se avanzó en cambios productivos y logísticos, como la adecuación a estándares internacionales y la habilitación del transporte en bitrenes.
“Apuntamos a llegar lo mejor parados posibles al 15 de enero y a recuperar volumen, porque esa es una forma de ganar competitividad”, concluyeron desde el sector industrial.
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