El diario
Aunque Axel Kicillof aseguró que no habrá aumentos impositivos en 2026, la implementación de retenciones de ingresos brutos en billeteras virtuales generó fuertes críticas, denuncias de ilegalidad y malestar entre monotributistas, cuentapropistas y pequeños comercios digitales.
El gobernador Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026 el pasado 3 de noviembre y se comprometió públicamente a no aumentar impuestos durante el próximo año. Sin embargo, en paralelo, la Provincia de Buenos Aires activó un esquema de recaudación que, según especialistas y periodistas, opera como un incremento encubierto del impuesto a los ingresos brutos, especialmente sobre quienes utilizan billeteras virtuales.
Un mecanismo que amplía la carga tributaria
El mecanismo salió a la luz tras un informe televisivo de la periodista Silvina Martínez, quien expuso el caso de un usuario que recibió una transferencia de $1.200.000 y sufrió una retención automática de $30.000 en concepto de Ingresos Brutos. La situación generó preocupación entre los contribuyentes quienes ven que esta maniobra “roza la ilegalidad” y llaman a los bonaerenses a revisar cuánto se les descuenta sin aviso previo.
Los Ingresos Brutos representan alrededor del 80% de la recaudación provincial y son considerados uno de los tributos más distorsivos del país. Hasta hace algunos años, este impuesto se retenía únicamente en movimientos bancarios. Sin embargo, desde el 1 de octubre, la Provincia amplió su alcance a las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay y Naranja X.
De acuerdo con las quejas que crecieron en las últimas semanas, los usuarios reciben retenciones que pueden ir desde el 0,01% hasta el 5% de cada transferencia entrante, según su categoría fiscal. Lo más polémico es que estas percepciones se aplican incluso cuando la operación no responde a una actividad comercial, afectando a trabajadores independientes, pequeños comercios digitales y monotributistas que utilizan estas aplicaciones para manejar sus ingresos cotidianos.
La Resolución ARBA 25/2025 formalizó esta ampliación del esquema tributario sin intervención de la Legislatura, lo que para especialistas equivale a un aumento impositivo decidido por vía administrativa. Esta decisión contradice de manera directa el mensaje de Kicillof durante la presentación del Presupuesto, donde aseguró que su gestión buscaba “mejores condiciones para los contribuyentes”.
Durante ese acto, el ministro de Economía provincial, Pablo López, defendió la necesidad de avanzar con estas medidas. Argumentó que la provincia enfrenta un sistema de coparticipación “desigual” y que, sin nuevas herramientas, se dificulta cumplir con obligaciones esenciales. La explicación, sin embargo, no frenó el malestar entre contribuyentes, quienes denuncian que este mecanismo opera como una suba encubierta y afecta directamente sus ingresos.
Un esquema de ingresos brutos cada vez más cuestionado
El sistema de recaudación implementado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires profundiza un contexto tributario ya sensible. Las retenciones por ingresos brutos que ahora pesan sobre billeteras virtuales no solo amplían la base de contribuyentes alcanzados, sino que también reducen automáticamente el monto recibido en cada transferencia, sin distinguir actividad comercial, origen del dinero ni situación económica del usuario.
Según denunciaron especialistas tributarios, este esquema convierte en contribuyentes a personas que anteriormente no estaban alcanzadas, e incluso a usuarios que utilizan billeteras virtuales como medio de ahorro, transferencia entre familiares o manejo cotidiano de gastos. Por ejemplo, un individuo que recibe $1.000 puede encontrarse con que solo tiene disponibles $950, debido a estos descuentos automáticos.
La contradicción entre la promesa oficial de no subir impuestos y la aplicación de retenciones más amplias generó críticas incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo. Para ellos, la resolución de ARBA altera el espíritu de la normativa vigente, ya que los impuestos solo pueden modificarse mediante leyes debatidas y aprobadas por la Legislatura, y no mediante disposiciones administrativas.
Para las autoridades provinciales, la medida es necesaria en un contexto de caída de recursos y mayores demandas sociales. Sin embargo, para contribuyentes y especialistas en derecho tributario se trata de una maniobra que bordea la ilegalidad y que evidencia la dependencia estructural de la Provincia respecto del impuesto a los ingresos brutos.
Mientras continúan las quejas y pedidos de revisión, el esquema sigue vigente y afecta a miles de bonaerenses que utilizan billeteras digitales. En un escenario económico marcado por la inflación, la informalidad creciente y el uso masivo de medios de pago electrónicos, el debate sobre la legalidad y la necesidad de estas retenciones promete escalar en las próximas semanas.
