El diario
Gabriel Katopodis cuestionó la modificación de pliegos en la licitación de rutas nacionales, advirtiendo sobre irregularidades que buscarían excluir a la empresa estatal bonaerense Aubasa del proceso.
La disputa por la administración de los corredores viales en territorio bonaerense ha escalado a un nuevo nivel de tensión política y judicial. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció formalmente maniobras de la administración nacional para obstaculizar la participación de la empresa pública Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) en el proceso de concesión de rutas estratégicas. Esta situación genera especial preocupación en ciudades como Luján, donde el mantenimiento y la gestión de arterias como la Ruta Nacional 5 son vitales para la conectividad regional.
De acuerdo con lo expresado por las autoridades provinciales, el conflicto se originó tras la modificación de 33 artículos de los pliegos de bases y condiciones apenas una semana antes del cierre del plazo para la presentación de ofertas. Para el Ejecutivo bonaerense, estos cambios repentinos no solo alteran las reglas de juego en una etapa avanzada del proceso, sino que además sugieren una intencionalidad clara de beneficiar a ciertos sectores privados, dejando fuera de competencia a la operadora estatal que actualmente gestiona con éxito la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor del Atlántico.
Irregularidades en el proceso de licitación
El núcleo de la denuncia radica en la alteración de las condiciones originales bajo las cuales Aubasa había decidido presentarse como oferente. El ministro Katopodis calificó estas modificaciones como “sustanciales” y advirtió que desvirtúan la transparencia necesaria en un acto administrativo de tal magnitud. Ante este escenario, la Provincia solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, tanto a nivel nacional como provincial, para que actúen como veedores y garanticen que el proceso se ajuste a derecho.
La sospecha de la gestión provincial apunta a que el Ministerio de Economía de la Nación busca evitar que una empresa pública compita de igual a igual con capitales privados. Desde la Gobernación sostienen que Aubasa es una firma superavitaria que reinvierte sus ingresos en infraestructura, un modelo que choca con la visión de privatización total que impulsa la gestión de Javier Milei. La incertidumbre sobre quién controlará finalmente las rutas impacta directamente en los usuarios de Luján y alrededores, quienes dependen de estas vías para el transporte de carga y el traslado diario.
Impacto en la Red Federal de Concesiones
La licitación se enmarca en la denominada Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que busca transferir al sector privado la gestión de aproximadamente 9.000 kilómetros de rutas en todo el país. La Etapa II de este plan, oficializada mediante la Resolución 1843/2025, afecta directamente a tramos que atraviesan el corazón productivo de la provincia, incluyendo la Ruta 3, la 205, la 226 y la emblemática Ruta 5.
Para los habitantes y sectores productivos de Luján, la resolución de esta disputa es clave. La ciudad funciona como un nodo logístico donde confluyen importantes rutas nacionales. Una adjudicación sospechada de falta de transparencia o que priorice únicamente el afán recaudatorio podría traducirse en peajes más costosos sin la contrapartida necesaria en obras de mantenimiento o seguridad vial. La administración bonaerense insiste en que su propuesta busca mantener un estándar de servicio público eficiente, protegiendo el patrimonio vial de los bonaerenses frente a lo que consideran un posible “negociado” en la adjudicación de estas concesiones estratégicas.
