Los impuestos patrimoniales podrían actualizarse por inflación

La provincia enviará un proyecto de ley impositiva 2024 con aumentos de entre 140% y 300% para los tributos que gravan los patrimonios, con un mecanismo para que se actualizarlo según la inflación.

El Ejecutivo provincial decidió prorrogar el presupuesto 2023 ante la “falta de parámetros nacionales” –jurisdicción que también podría prorrogar el propio- para elaborar uno nuevo, pero avanzará con una ley de impuestos que se permita sostener sus propios ingresos.

El foco estaría en los impuestos patrimoniales, estos es los inmobiliarios –urbanos edificados y baldío y el inmobiliario rural – y patentes, centralmente. Esto es así porque respetan el criterio de progresividad: es decir, pagan más quienes más tengan.

Esos impuestos tendrán un primer incremento, de acuerdo al proyecto del Ejecutivo, que buscará cubrir la inflación de enero hasta marzo, es decir la de los últimos 14 meses. Según los cálculos de la provincia, que son provisionales, en parte propios y también de consultoras privadas, ese número podría ser del orden del 350%.

Kicillof le consultó al presidente Javier Milei por esa cifra –entre otras- en la reunión que mantuvo junto a otros gobernadores con él, pero según contaron fuentes del gobierno provincial no obtuvo precisiones por lo que decidió avanzar con las estimaciones que se mencionaron y armar un proyecto con aumentos por niveles de patrimonio.

La escala arranca en el 140% y llega al 200% para el 90% de los contribuyentes, pero para el 10% con patrimonios mayores se estira al 300%.

También habrá disposiciones especiales para mejorar la recaudación en sectores de ingresos concentrados: el Inmobiliario Rural y en la tasa de Carga y Descarga de puertos, que será aumentado. Respecto del impuesto sobre la tierra, el mecanismo aún no se conoce, aunque sí está descartado el revalúo, que por ley se realizará el año que viene.

Al mismo tiempo, Kicillof busca avanzar en un mecanismo hasta ahora inédito en la provincia pero que se aplica en otras jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma: la aplicación de un mecanismo para que esos impuestos se actualicen por inflación a lo largo del año.

Aun no se sabe cómo es el mecanismo establecido, aunque será indirecto: la indexación sobre la base del Índice de Precios al Consumidor es legalmente inviable.

Hasta ahora, por la inflación la recaudación aumentó más que los precios lo que favoreció la administración del Estado bonaerense, que con un presupuestado de 6,9 billones de pesos terminará gastando unos 8 billones. Y ese es el mecanismo que podría activarse con la actualización que deberá discutir la Legislatura.

De todos modos, hay luces amarillas encendidas. Si hay recesión, la ecuación podría trastocarse por la caída de la recaudación propia (50% aproximadamente), y el hecho de que los gravámenes que aumentó nación –el Impuesto País y algunas retenciones- no son coparticipables. Una compensación podría ser transformar el llamado impuesto al cheque (Débitos y Créditos Bancarios), que para el caso bonaerense calza justo con lo que se dejó de percibir por la eliminación de la cuarta categoría de ganancias.

A eso hay que sumar el recorte de las transferencias nacionales no automáticas. En la reunión que tuvo, junto al resto de los gobernadores con el Presidente, Kicillof pidió precisiones sobre estas variables pero asegura que no las obtuvo. Milei, con todo, dejó trascender que recortará las partidas no automáticas –son extra coparticipación aunque algunas están regladas por ley, no son discrecionales- del 0,8 del PBI al 0,4.

El año pasado, esas partidas -técnicamente se llaman “partidas presupuestarias”- supusieron el 10% del presupuesto de la provincia, por lo que un recorte de esa magnitud implica un problema financiero para Kicillof. En esos rubros hay programas para financiar el salario docente, para desarrollo social y para la policía.

Pero el grueso se explica por otra dos partidas: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se creó con el 1% de coparticipación retraída a la CABA durante la crisis policial de 2020 y la compensación del Fondo del Conurbano, una renegociación parcial de coparticipación que realizó María Eugenia Vidal pero que se des actualizó: representaba tres puntos de ese reparto y ahora está en uno.

La incertidumbre sobre esos ingresos  no solo lleva al gobernador a proponer este esquema impositivo: también pedirá un endeudamiento en pesos equivalente a u$s1800 millones, que incluso podría usar parcialmente para armar un bono para pagar a proveedores, aunque no a principios de año. Triplicará, además, las Letras del Tesoro: de $100 mil millones a $300 mil millones. Es un mecanismo para cumplir con deuda de corto plazo.

Por fuera de eso, están los créditos con organismos internacionales y multilaterales, que tienen asignaciones específicas. En ese sentido, la intención del Ejecutivo es usar los remanentes que quedaron de pedidos de endeudamientos anteriores y no fueron utilizados. Por eso no existen en el proyecto de ley montos especificados para ser solicitados a esos organismos.

Congelado

Por ahora, la decisión de Kicillof es prorrogar el presupuesto 2023, como se dijo porque no hay parámetros nacionales, aunque si Miel finalmente presenta una pauta propia avanzará él también con una. Mientras, negocia con la oposición –centralmente PRO y UCR- en el endeudamiento, los impuestos y una serie de emergencias administrativas.

Una de las herramientas del gobierno es la creación de un fondo de asistencia para los municipios que reemplazaría al actual fondo de obras y al educativo. Para los intendentes, la ventaja sería que tendrían mayor posibilidad de determinar dónde gastan los fondos.

La intención es avanzar la semana que viene, lo cual es un objetivo ambicioso teniendo en cuenta que deudas de los municipios con la provincia por caso por la ayuda durante la pandemia (unos $8 mil millones en total) está prorrogada hasta fin de diciembre y si ese mecanismo no se renueva, deberían comenzar a pagar.

Las obras son otro punto clave. El gasto de capital en Provincia era del 4% del PBI en 2019 y el ministro de Economía local, Pablo López, lo llevó al 7% y quiere con este esquema mantenerlo. Es bajo en comparación a otras provincias que invierten un promedio del 14% de sus presupuestos, pero esencial también para los intendentes: esas obras se hacen en los territorios.