El diario
La DGCyE bonaerense precisó que los topes de aranceles y las condiciones de matrícula escolar seguirán regulados en los establecimientos privados con aporte estatal. La medida solo modifica el régimen para las instituciones sin subvención.
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires informó que, ante la promulgación del Decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, resulta necesario realizar aclaraciones sobre la regulación de aranceles y matrícula en los institutos de enseñanza privada.
Qué cambia en la regulación de la matrícula escolar
El nuevo decreto deroga la normativa nacional que, desde 1993, imponía a los establecimientos privados la obligación de anticipar los valores de matrícula, cuotas y aranceles para el ciclo lectivo siguiente, además de requerir su aprobación por parte de la autoridad educativa.
Sin embargo, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) remarcó que en la provincia de Buenos Aires más del 70% de las instituciones educativas privadas reciben algún tipo de aporte estatal. Por lo tanto, esas escuelas continuarán sujetas a los topes arancelarios y al control provincial vigente, tal como establece la normativa local.
En este sentido, cualquier modificación en los valores de matrícula o en las cuotas deberá ser previamente autorizada por las autoridades bonaerenses, a fin de garantizar la transparencia y la previsibilidad en la relación entre escuelas y familias.
Por su parte, el nuevo esquema nacional solo alcanza a los colegios sin aporte estatal, que ahora quedan eximidos del régimen anterior. En estos casos, la desregulación implica que las instituciones ya no tendrán la obligación de informar con meses de anticipación el monto de la matrícula escolar, el valor de las cuotas ni la cantidad de pagos anuales.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, aclaró que la medida “no representa una liberación generalizada de aranceles”, sino una modernización del régimen aplicable exclusivamente a los colegios que no reciben fondos públicos. “El 70% de los establecimientos privados bonaerenses seguirán regulados como hasta ahora”, destacó.
Un nuevo marco para los colegios sin aporte estatal
Desde AIEPA celebraron la decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto el Decreto 2417/93, argumentando que durante más de tres décadas la normativa impuso un sistema “burocrático, desfasado e ineficiente”. Según Zurita, la obligación de anticipar los aranceles con demasiada antelación obligaba a las instituciones a incluir “márgenes preventivos por incertidumbre”, lo que terminaba incrementando los costos para las familias.
En ese sentido, la nueva disposición busca favorecer un esquema más realista y transparente, que permita ajustar los valores de matrícula y cuotas según la evolución económica del país. AIEPA sostiene que la medida no generará aumentos abruptos, sino que dará a las instituciones la posibilidad de adecuar los precios con flexibilidad y dentro de un marco competitivo.
“El nuevo esquema no libera los precios sin control; simplemente devuelve agilidad y sentido práctico a la gestión educativa privada”, señaló Zurita. Además, subrayó que las escuelas deberán seguir garantizando la calidad del servicio educativo y la comunicación clara de sus valores, aunque ya no estén sujetas a la rigidez del sistema anterior.
El Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que la desregulación promueve el principio de libre contratación entre las instituciones y las familias. Según sus fundamentos, la intervención estatal previa “había generado efectos contraproducentes que afectaban la viabilidad económica de los colegios” y provocaban que las familias enfrentaran cuotas más altas desde el inicio del ciclo lectivo.
En conclusión, la provincia de Buenos Aires mantendrá su esquema de control sobre los colegios con aporte estatal, mientras que las instituciones sin subvención contarán con mayor autonomía para definir sus valores de matrícula escolar y cuotas. Con esta medida, el sistema educativo privado avanza hacia un marco más flexible y adaptado a las condiciones económicas actuales, sin descuidar la supervisión provincial que garantiza la equidad y el acceso a la educación.
