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Un nuevo informe del CNPT reveló que 4.119 menores atravesaron el sistema penal juvenil el año pasado. El dato surge en medio de la discusión parlamentaria por la edad de imputabilidad.
El sistema penal juvenil en Argentina atraviesa un momento de escrutinio público y legislativo sin precedentes. Según el último relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), durante el año 2024 se registraron un total de 4.119 menores en conflicto con la ley penal. Este informe cobra especial relevancia ante la llegada al Congreso del proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad en el país.
Del total de los casos contabilizados al cierre del año pasado, la gran mayoría, unas 3.249 personas, se encontraban bajo medidas penales en territorio. Esto implica que ocho de cada diez jóvenes alcanzados por el sistema judicial no estuvieron privados de su libertad, sino integrados en programas de supervisión, seguimiento y acompañamiento dentro de sus propias comunidades. Sin embargo, 865 adolescentes permanecían alojados en dispositivos de restricción o privación de la libertad.
El debate por la situación de los menores
El informe del CNPT enciende una señal de alerta respecto a la franja de los ciudadanos no punibles. Se detectó la presencia de 48 menores de entre 12 y 15 años dentro del sistema penal juvenil, de los cuales 44 se encontraban en condiciones de encierro. Bajo la normativa argentina vigente, la edad de imputabilidad comienza a los 16 años, por lo que estos casos deberían ser abordados exclusivamente por organismos de protección integral de derechos y no por el sistema punitivo.
La distribución geográfica de las cifras también muestra una fuerte concentración. Las provincias de Córdoba y Buenos Aires, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, superan la tasa promedio nacional de encierro, que se sitúa en 1,8 jóvenes por cada 100.000 habitantes. De hecho, las dos primeras jurisdicciones mencionadas concentran el 75% de la totalidad de los casos registrados en el país.
Tipología de delitos y dispositivos
En cuanto a la naturaleza de las infracciones, el 57,1% de las causas corresponden a delitos contra la propiedad. En un segundo escalón aparecen los delitos contra las personas (13,9%) y aquellos vinculados a la integridad sexual (7,5%). Para gestionar esta población, el Estado contó con 174 dispositivos distribuidos en el territorio nacional, divididos entre centros de aprehensión especializada, unidades de restricción y espacios de libertad asistida.
