El diario
El Ministerio de Justicia de la Nación asegura que se normalizó la entrega de chapas patentes y ha endurecido los controles y las penalidades para los vehículos que circulen sin sus patentes metálicas.
Las multas por esta infracción, que también incluye a las chapas tapadas o adulteradas, podrán ascender hasta los $800.000, una de las sanciones más costosas del régimen de tránsito.
La medida llega en un contexto de normalización en la entrega de las matrículas 0 kilómetro, que habían presentado demoras y faltantes en los últimos meses.
¿Qué ocurre con las patentes provisorias?
La nueva reglamentación pone un límite estricto a la circulación con patentes de papel. La normativa establece que el plazo máximo de validez para estas matrículas temporales es de 60 días desde la fecha de emisión.
A partir de este plazo, si el vehículo no cuenta con las chapas metálicas oficiales, quedará en infracción y será pasible de la millonaria multa. Los conductores pueden verificar si sus patentes ya están disponibles para ser retiradas a través de la página oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA).
La polémica por el faltante de patentes
La situación de escasez de patentes se originó en un contexto de crecimiento récord en la venta de autos 0km en 2025, que en los primeros ocho meses del año acumuló más de 444.000 vehículos patentados, un 65.6% más que el año anterior.
Diversas fuentes del mercado automotor y asociaciones de gestores habían alertado sobre la falta de insumos importados para la fabricación de las matrículas y el cierre de sedes de la Casa de la Moneda, lo que generó un cuello de botella. Se estima que hay alrededor de 180.000 vehículos sin patentes y unos 410.000 con placas provisorias de papel en circulación.
Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia defienden la situación actual, asegurando que la entrega de patentes está “totalmente regularizada”. La cartera afirmó tener un stock de más de 55 mil chapas disponibles para los vehículos 0 kilómetro y que la venta de autos alcanzó “los mejores niveles desde 2018”.
Con la normalización de la provisión, la tolerancia a las infracciones se reduce, y los conductores que no cumplan con la normativa se enfrentarán a duras consecuencias económicas.
