El diario
El Gobierno provincial y los gremios negocian un acuerdo salarial que compense la inflación de enero, buscando garantizar el inicio de clases y evitar medidas de fuerza en un contexto crítico.
La gestión de Axel Kicillof ha ingresado en una semana de definiciones políticas y económicas de alto impacto. Con el calendario escolar marcando el inicio de clases para el próximo 2 de marzo, el Ejecutivo provincial acelera los contactos con los representantes de los gremios docentes y estatales. El objetivo primordial es alcanzar un consenso que permita desactivar cualquier medida de fuerza que empañe el comienzo del año educativo, en un contexto donde la pérdida del poder adquisitivo marca el ritmo de las asambleas sindicales.
La brecha entre la oferta y el reclamo salarial
El nudo de la discusión actual radica en la distancia entre la última propuesta oficial y las pretensiones de los trabajadores. El Gobierno bonaerense ofreció inicialmente un incremento del 2%, cifra que fue rechazada de plano por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los gremios estatales como ATE y UPCN. Los sindicatos argumentan que ese porcentaje es insuficiente, ya que al absorber el 1,5% retroactivo acordado en enero, la mejora real en el bolsillo apenas alcanzaría el 0,5%.
Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC registró un 2,9% en enero, las organizaciones gremiales elevaron la vara. Exigen que la Provincia no solo iguale la inflación del primer mes del año, sino que además compense la caída de los conceptos retroactivos que dejan de percibirse. El pedido concreto se sitúa ahora en un 4,4% de reajuste salarial, un número que genera tensiones en el Ministerio de Economía provincial debido a la fuerte caída de la recaudación y el recorte de fondos transferidos desde la Nación.
El factor tiempo y la liquidación de haberes
La administración provincial advierte que el margen de maniobra es estrecho. La desaceleración económica ha impactado de lleno en las arcas públicas, limitando la capacidad de respuesta ante una masa salarial de dimensiones estructurales. Sin embargo, el tiempo apremia: para que cualquier aumento impacte efectivamente en los sueldos de febrero, el acuerdo debe sellarse antes del 15 de este mes, fecha en la que comienza el proceso técnico de liquidación de haberes en los centros de cómputos provinciales.
No se descartan mecanismos alternativos para destrabar el conflicto. Entre las opciones que baraja el gabinete de Kicillof aparecen las bonificaciones no remunerativas, especialmente orientadas a sectores de menores ingresos como los auxiliares de educación, recategorizaciones y el avance en expedientes de pase a planta permanente para trabajadores precarizados, incluyendo a cerca de mil becarios del área de Salud incorporados durante la emergencia sanitaria de la pandemia.
El impacto del costo de vida en la región
El debate paritario no se da en un vacío teórico. En ciudades como La Plata, el peso del empleo público es determinante para la economía local. Relevamientos regionales, como el realizado por FundPlata, indican que la canasta alimentaria en la capital bonaerense subió un 3,6% en enero, superando la media nacional del INDEC. Incrementos del 15,7% en verdulería y picos de casi el 35% en productos frutihortícolas refuerzan la postura sindical sobre la urgencia de una recomposición que no pierda frente a la góndola.
Si no se logra un punto de equilibrio en las próximas horas, el Gobierno provincial enfrenta una disyuntiva: profundizar la negociación bajo presión o recurrir a un aumento por decreto. Esta última vía, aunque administrativa mente posible, es la menos deseada por la Gobernación, ya que no garantiza la paz social ni el normal inicio del ciclo lectivo, dejando abierta la puerta a un escenario de conflictividad prolongada en el inicio del año político.
