El diario
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó que este viernes se llevará adelante un paro nacional en todas las universidades del país y en sus colegios dependientes.
La medida de fuerza se decidió en respuesta al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso de la Nación.
El sindicato universitario detalló que la jornada de paro de 24 horas será acompañada por una protesta frente al Palacio Pizzurno, sede del ex Ministerio de Educación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, los gremios del sector impulsarán una Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con la sesión parlamentaria en la que se debata la reversión del decreto presidencial.
Un conflicto en crecimiento
En un comunicado difundido tras el plenario nacional, la CONADU expresó que la decisión busca “sostener las acciones locales y nacionales de visibilización del conflicto” y mantener en agenda el reclamo universitario. Según adelantaron, la campaña incluirá actividades en las provincias, con el fin de mantener la presión sobre el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Asimismo, la organización gremial resolvió llevar adelante una campaña en el marco del proceso electoral nacional, instando a la ciudadanía a “defender a la universidad pública también con su voto”.
La postura de los gremios
El Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, subrayó que “hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”.
De Feo sostuvo además que la próxima Marcha Federal debe funcionar como un factor de presión política: “Tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso, para poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad”.
Paro y movilización como respuesta
Con la convocatoria a un paro nacional universitario y la organización de una movilización federal, los gremios buscan reforzar el respaldo social y político a la educación pública. La estrategia apunta a visibilizar el rechazo al veto presidencial y reclamar que el Congreso reafirme la vigencia de la ley de financiamiento, considerada fundamental para garantizar la continuidad del sistema universitario en la Argentina.
