El diario
ADUNLu informó que se resolvió convocar a un paro universitario nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.
La medida, aprobada por amplia mayoría en el encuentro del pasado 30 de octubre, busca visibilizar el reclamo por el deterioro salarial y exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue tomada por 84 representantes de asociaciones de base de todo el país, en el Congreso Extraordinario de la Federación CONADU Histórica donde coincidieron en la necesidad de “dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria”. De esta manera, los docentes universitarios de Argentina volverán a detener sus actividades por tres jornadas consecutivas, profundizando un conflicto que lleva meses sin resolución.
Paro universitario por salarios y financiamiento
Desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) señalaron que el paro universitario responde al “profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional”. En un comunicado oficial, la organización exigió la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos considerados esenciales para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público.
Los gremios universitarios vienen alertando sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación y una creciente precarización de las condiciones laborales. Además, remarcan que la falta de cumplimiento de los acuerdos salariales y la postergación de la ley aprobada por el Congreso nacional agravan la situación de las universidades públicas.
El presupuesto universitario, eje del conflicto
El enfrentamiento entre los gremios y el Gobierno nacional se profundizó luego de que el presidente Javier Milei promulgara la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, pero posteriormente suspendiera su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.
La norma, aprobada con un amplio respaldo legislativo y con el veto presidencial rechazado por ambas cámaras, busca asegurar un financiamiento sostenido y previsible para el sistema universitario público, actualizando automáticamente el presupuesto según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Sin embargo, el decreto presidencial que detuvo su ejecución argumentó que entre mayo y diciembre de 2024 la inflación acumulada fue del 34,89 %, lo que implicaría un gasto adicional superior a $123 mil millones en ese período.
Las proyecciones oficiales estiman que la aplicación plena de la ley significaría un gasto de $1,06 billones en 2025 y $2,008 billones en 2026, cifras que el Ejecutivo considera inviables en el actual contexto fiscal.
Ante esta situación, las asociaciones de base nucleadas en la CONADU Histórica resolvieron reanudar las medidas de fuerza en todo el país, en defensa del salario y de la educación pública. El paro universitario se suma a una serie de movilizaciones y jornadas de protesta que los trabajadores del sector vienen realizando desde mediados de año, en rechazo al ajuste presupuestario y la pérdida de recursos para las universidades nacionales.
Desde ADUNLu señalaron que “la falta de voluntad política para resolver la crisis universitaria pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y las condiciones de trabajo de miles de docentes e investigadores”. Además, advirtieron que el recorte presupuestario compromete no solo los salarios, sino también el desarrollo de la ciencia y la extensión universitaria en todo el país.
Continuidad del plan de lucha
El Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica no descartó nuevas medidas de fuerza en caso de que el Gobierno no brinde respuestas concretas. Entre las posibles acciones futuras se evalúan marchas federales, clases públicas y jornadas nacionales de visibilización en defensa de la universidad pública.
“El sistema universitario argentino se encuentra en una situación crítica. No hay educación de calidad sin financiamiento, ni universidades fuertes sin docentes con salarios dignos”, expresaron desde la federación.
Con este nuevo paro universitario, la comunidad académica vuelve a poner en el centro del debate la importancia de un Estado que garantice el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. El reclamo, que trasciende lo salarial, apunta a sostener uno de los pilares fundamentales del desarrollo científico y cultural del país.
