El diario
La pobreza infantil en Argentina ha experimentado una reducción significativa durante 2024, marcando un alivio dentro de un escenario socioeconómico históricamente complejo.
Sin embargo, pese a esta mejora parcial, el fenómeno sigue afectando a millones de niños y niñas en todo el país y revela profundas desigualdades estructurales que exigen políticas sostenidas y focalizadas.
Caída de la pobreza infantil en 2024: cifras y contexto
Durante el segundo semestre de 2024, el 52,7% de los niños y niñas argentinos se encontraba en situación de pobreza monetaria, lo que representa una baja de 14 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del mismo año, cuando el indicador había alcanzado un preocupante 67%. Esta reducción implica que aproximadamente 1,7 millones de menores salieron de la pobreza en ese período.
Comparado con los últimos meses de 2023, cuando el índice alcanzaba al 58,5% de la población infantil, la mejora fue del orden de los 5,8 puntos porcentuales, lo que equivale a 800.000 niños y niñas menos en situación de pobreza. Aunque el alivio es evidente, la proporción continúa siendo elevada y comparable a niveles de 2019, antes del fuerte impacto económico provocado por la pandemia.
Proyecciones para 2025: mejora moderada y condicionada
Las proyecciones para el primer semestre de 2025 se muestran moderadamente optimistas, con estimaciones que sitúan la pobreza infantil en el 47,8% y la pobreza extrema en el 9,3%. Esta tendencia a la baja se vincula principalmente a una mejora en los ingresos reales de los hogares, impulsada por programas sociales y una desaceleración inflacionaria.
El leve crecimiento en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables no ha sido casual: se basa en el fortalecimiento de políticas sociales dirigidas a la infancia, como las transferencias monetarias condicionadas, que han demostrado ser claves en la contención de la indigencia infantil.
El rol clave de los programas sociales
Uno de los factores determinantes en la mejora de los indicadores fue el crecimiento real de los ingresos familiares a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). En 2024, estas transferencias aumentaron su valor real en un 4%, y durante los primeros meses de 2025, el incremento fue del 16%.
Estos programas fueron fundamentales para evitar que más de un millón de niñas y niños cayeran en la indigencia. Sin estas políticas de asistencia, se calcula que la tasa de pobreza extrema habría sido 10 puntos porcentuales más alta, lo que resalta su importancia como herramienta de mitigación ante situaciones críticas.
Además, el presupuesto nacional ejecutado en políticas de niñez creció un 15% en términos reales entre enero y mayo de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Solo la AUH registró una suba del 34%, lo que explica parte del impacto positivo en los sectores más vulnerables.
Brechas sociales que persisten
A pesar de la mejora en los promedios nacionales, el análisis revela fuertes disparidades sociales que siguen determinando el acceso a una vida digna. En hogares donde el jefe o jefa de familia no completó la educación primaria, la pobreza infantil alcanza al 80,9%. En cambio, en aquellos con nivel secundario completo, la cifra desciende al 10,6%.
Las condiciones laborales y el tipo de hábitat también inciden fuertemente. En hogares con empleo informal, el 68,4% de los niños vive en situación de pobreza, cifra que se eleva al 72,3% en barrios populares. Por su parte, en familias monoparentales encabezadas por mujeres, el índice se ubica en el 60%.
Estos datos reflejan que la pobreza infantil no se distribuye de forma homogénea, sino que responde a factores estructurales como la educación, el empleo formal y el acceso a servicios esenciales, lo que demanda una intervención estatal más precisa y territorializada.
Privaciones no monetarias: el otro rostro de la pobreza
Más allá del ingreso, existen dimensiones de la pobreza infantil que no se resuelven únicamente con transferencias económicas. Las llamadas “privaciones no monetarias”, relacionadas con el acceso a vivienda digna, saneamiento, educación o condiciones ambientales adecuadas, se mantienen sin variaciones significativas y requieren intervenciones de largo plazo.
Estas carencias estructurales son más difíciles de revertir porque dependen de inversiones en infraestructura, planificación urbana y políticas intersectoriales. Por eso, su evolución tiende a ser más lenta que la pobreza monetaria, aunque su impacto en la calidad de vida infantil es igualmente profundo.
Hacia políticas públicas más integrales y sostenidas
El análisis del gasto público consolidado entre la Nación y las provincias aparece como una asignatura pendiente. En un país de estructura federal como Argentina, es clave evaluar de manera conjunta la magnitud, distribución y eficiencia de los recursos destinados a la infancia, a fin de identificar áreas críticas, reducir duplicidades y mejorar el impacto real de las intervenciones.
La pobreza infantil no puede combatirse únicamente con medidas paliativas. Requiere políticas integrales, sostenidas y adaptadas a las realidades territoriales, que combinen transferencias monetarias con acceso a servicios básicos, mejoras en la calidad educativa y generación de empleo formal para los adultos responsables del cuidado.
Conclusión: avances, límites y el desafío de sostener la mejora
Si bien los datos de 2024 reflejan una reducción alentadora en la pobreza infantil, el camino hacia una infancia sin carencias sigue siendo largo. Las mejoras observadas dependen en gran medida de la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas eficaces. Sostener esta tendencia en el tiempo y reducir las brechas sociales que afectan a los más vulnerables son los grandes desafíos que tiene por delante la Argentina.
El futuro de millones de niños y niñas está en juego. La lucha contra la pobreza infantil no es solo una cuestión estadística: es un imperativo ético, social y económico que define la calidad democrática y el desarrollo humano del país.
Con información de Radio Estación Luján
