El diario
La posible privatización de cinco hospitales estratégicos encendió alertas en el sistema de salud bonaerense. El Colegio de Médicos expresó un rechazo absoluto y advirtió riesgos para el acceso y la calidad sanitaria.
La posibilidad de que cinco hospitales de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires sean privatizados generó una fuerte preocupación en el sistema de salud. En las últimas horas, el Colegio de Médicos bonaerense se sumó al debate con una postura contundente: expresó su “rechazo absoluto” a cualquier intento de avanzar sobre estos establecimientos, a los que definió como pilares fundamentales de la atención sanitaria en la Provincia.
La discusión surge a partir de un plan impulsado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que tendría como objetivo reducir el costo que representa para el Estado nacional el sostenimiento de estos hospitales, actualmente gestionados bajo un esquema mixto entre Nación y Provincia.
Hospitales bajo la lupa del Gobierno nacional
Los hospitales involucrados forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un modelo de gestión compartida que combina aportes nacionales, provinciales y, en algunos casos, municipales. Sin embargo, la mayor carga financiera recae sobre el Estado nacional.
Según los datos conocidos, la Nación cubre el 80% de la inversión del hospital “Néstor Kirchner” de Cañuelas y alrededor del 70% del financiamiento en los otros cuatro centros. En el caso del hospital “Presidente Néstor Kirchner”, ubicado en La Matanza, el municipio aporta un 3%, mientras que el resto se distribuye entre Nación y Provincia.
Desde el Ministerio de Salud nacional evalúan que este esquema resulta oneroso y buscan alternativas para reducir el gasto público, lo que abrió la puerta a la discusión sobre un cambio en el modelo de gestión.
El modelo español y los antecedentes cuestionados
Dentro de las alternativas en análisis aparece la aplicación del denominado “modelo español”, que prevé un mayor protagonismo de actores privados en la administración de hospitales públicos. Según trascendió, Lugones considera que estos nosocomios podrían sostenerse con aportes de empresas de medicina prepaga y obras sociales, e incluso se menciona la posibilidad de incorporar copagos.
Este esquema ya fue implementado en algunos hospitales provinciales de Salta, aunque con resultados considerados poco satisfactorios por distintos sectores del sistema de salud. Esa experiencia previa alimenta las dudas y resistencias frente a una eventual réplica en la provincia de Buenos Aires, especialmente en hospitales de alta complejidad que atienden a miles de pacientes derivados de distintos distritos.
Otro de los puntos sensibles del debate es el marco legal que debería utilizar el Gobierno para avanzar con una reforma de este tipo. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, la lógica institucional indica que cualquier modificación sustancial debería pasar por el Congreso.
Sin embargo, ese camino implicaría un debate político complejo y de alto costo, con antecedentes recientes como la discusión por el financiamiento del Hospital Garrahan. En ese contexto, no se descarta que el presidente Javier Milei pueda recurrir a un decreto para modificar el esquema de gestión, una alternativa que profundiza la incertidumbre y el malestar en el sector sanitario.
El Colegio de Médicos en estado de alerta
Frente a este escenario, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires convocó a una inusual reunión de su Consejo Superior el pasado 8 de enero. El encuentro, que reunió a representantes de los diez distritos que integran la entidad, estuvo dedicado exclusivamente a analizar el plan del Gobierno nacional para los cinco hospitales.
En un comunicado de fuerte tono, el Colegio manifestó su “estado de alerta” y su rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de salud. “Los hospitales son pilares fundamentales de la atención de alta complejidad en la Provincia”, señalaron, al tiempo que remarcaron su rol estratégico en la red sanitaria bonaerense.
Los hospitales involucrados
Los establecimientos alcanzados por la posible reforma son el hospital “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” de La Matanza; el hospital “Presidente Néstor Kirchner”, también en ese distrito; el hospital “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.
Todos ellos funcionan bajo un esquema de manejo compartido entre Nación y Provincia, aunque con predominio de la jurisdicción nacional tanto en la gestión cotidiana como en el financiamiento. Se trata de hospitales de referencia regional, con equipamiento de alta complejidad y un papel clave en la atención de patologías críticas.
Desde el Colegio de Médicos advirtieron que la introducción de lógicas de lucro privado podría afectar gravemente el funcionamiento de esta red sanitaria. En su comunicado, alertaron que un gerenciamiento privado fragmentaría los circuitos de derivación y pondría en riesgo la continuidad y la calidad de la atención de miles de pacientes.
“La eventual mercantilización de la salud es incompatible con los principios del sistema público”, remarcaron, y sostuvieron que los hospitales SAMIC demostraron que el Estado puede gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, sin exclusiones.
Defensa de los trabajadores y del sistema público
Otro de los ejes centrales del rechazo tiene que ver con la situación laboral de los profesionales de la salud. El Colegio de Médicos fue enfático al señalar que no aceptará modificaciones en las figuras de contratación que vulneren la Ley de Carrera Profesional ni mecanismos de precarización laboral encubiertos bajo modalidades de “gerenciamiento externo”.
En ese marco, la entidad dejó en claro que seguirá de cerca la evolución del debate y que no descarta nuevas acciones institucionales para defender el carácter público de los hospitales y el derecho a la salud de la población bonaerense.
La discusión sobre el futuro de estos hospitales promete escalar en las próximas semanas, en un contexto de ajuste del gasto público y fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los actores del sistema sanitario. Mientras tanto, crece la preocupación por el impacto que cualquier cambio de modelo podría tener en una red de atención considerada estratégica para la Provincia.
