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El Poder Ejecutivo oficializó la disolución de la obra social IOSFA y creó dos nuevas entidades autárquicas para enfrentar una grave crisis financiera y garantizar la atención médica de más de 500.000 afiliados.
El Gobierno nacional formalizó una profunda reestructuración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el objetivo de evitar el colapso operativo y financiero del sector. A través de un decreto, se dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades autárquicas.
La medida responde a una situación crítica heredada, caracterizada por un fuerte desequilibrio estructural y un pasivo auditado que alcanza los 200.000 millones de pesos. Según fuentes oficiales, este escenario ponía en riesgo la continuidad de la cobertura médica de más de medio millón de beneficiarios en todo el país.
El fin del IOSFA y la creación de nuevos entes
El decreto establece la escisión definitiva del IOSFA y la conformación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Ambas funcionarán como entes autárquicos, con personería jurídica propia y mayor autonomía administrativa y financiera.
Desde el Ejecutivo explicaron que el esquema anterior resultaba inviable debido a irregularidades detectadas en gestiones pasadas y a un modelo de financiamiento que no logró sostener el crecimiento de la demanda prestacional. La fragmentación del sistema apunta a ordenar la gestión y adaptar la cobertura a las particularidades de cada fuerza.
La nueva obra social bajo Defensa
La OSFA quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, y tendrá a su cargo la cobertura del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus respectivos grupos familiares.
La creación de esta obra social busca centralizar la atención del ámbito estrictamente militar, con mecanismos de gestión específicos que permitan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y garantizar la prestación médico-asistencial en todo el territorio nacional.
Cobertura para las fuerzas federales de seguridad
En paralelo, la OSFFESEG funcionará bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad y brindará cobertura sanitaria al personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina.
El Gobierno considera que esta diferenciación permitirá una administración más ajustada a las necesidades operativas y sanitarias de las fuerzas federales, que presentan dinámicas y requerimientos distintos a los del ámbito militar.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el resguardo de los fondos destinados a la atención de la salud. El decreto fija una estructura de asignación rígida para ambas entidades:
- El 80% de los ingresos deberá destinarse exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales.
- Hasta un 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y de funcionamiento.
- El 12% restante podrá asignarse a otras prestaciones sociales, siempre que la cobertura sanitaria esté plenamente garantizada.
Desde el Ejecutivo sostienen que este esquema busca evitar desvíos de fondos y priorizar la atención médica como función principal de cada obra social.
Controles, gobernanza y auditorías
Para prevenir la repetición de las falencias detectadas en el IOSFA, la normativa establece requisitos estrictos de idoneidad técnica para los integrantes de los directorios. Los funcionarios deberán acreditar experiencia comprobable en gestión administrativa y sanitaria, tanto en el sector público como en el privado.
Además, las nuevas entidades estarán sujetas a auditorías permanentes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a un régimen de incompatibilidades diseñado para prevenir conflictos de interés y reforzar la transparencia institucional.
La crisis del sistema de salud de las fuerzas tuvo un fuerte impacto en distintos puntos del país. En ciudades como Punta Alta, con alta concentración de personal naval, gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado denunciaron interrupciones prolongadas en servicios básicos de salud.
Según estimaciones locales, unas 42.000 personas dependen de esta cobertura en esa ciudad, lo que representa más de la mitad de su población. Este escenario aceleró la decisión oficial de avanzar con una reforma estructural.
Transición y continuidad de las prestaciones
El proceso de transición contempla el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal del extinto IOSFA hacia las nuevas obras sociales. Para supervisar este proceso, se conformó una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud.
Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo central es garantizar la continuidad del Programa Médico Obligatorio y de los tratamientos en curso, evitando que los afiliados sufran interrupciones en la atención durante el reordenamiento administrativo.
La administración nacional sostiene que esta descentralización permitirá una gestión más ágil, sostenible y alineada con las necesidades específicas de cada fuerza, preservando el derecho constitucional a la salud del personal militar, de seguridad y de sus familias.
