El diario
La reforma laboral con media sanción redefine el trabajo en plataformas, fija derechos y obligaciones, y ratifica que repartidores y conductores seguirán como independientes sin relación de dependencia formal.
La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina introduce un marco jurídico específico para los trabajadores de plataformas digitales, un sector que creció de manera sostenida en los últimos años. El proyecto establece que repartidores y conductores que operan mediante aplicaciones no serán considerados empleados en relación de dependencia, sino “prestadores independientes”.
La norma alcanza a quienes ofrecen servicios a través de aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify, entre otras. Según el texto, un prestador independiente es una persona que brinda servicios de movilidad o reparto a usuarios a través de plataformas tecnológicas sin vínculo laboral directo con las empresas.
Derechos básicos dentro de las plataformas
Uno de los ejes centrales del proyecto es reconocer la autonomía de los trabajadores dentro de las plataformas. La iniciativa garantiza la libertad de conexión: los prestadores podrán elegir cuándo y cuánto tiempo trabajar, conectarse a varias aplicaciones y aceptar o rechazar pedidos sin necesidad de justificar su decisión.
También se reconoce el derecho a elegir el medio de transporte, siempre que cumpla con las normas vigentes. La regulación contempla bicicletas, motocicletas, autos u otros vehículos habilitados, consolidando un esquema flexible acorde a la dinámica del sector.
Otro punto relevante es el acceso a información clave sobre el funcionamiento de las plataformas. Las empresas deberán explicar en lenguaje claro los criterios que utilizan para categorizar servicios o establecer condiciones de operación, lo que apunta a mejorar la transparencia en el vínculo con los trabajadores.
Obligaciones para empresas y prestadores
El texto fija obligaciones para ambas partes. Las plataformas deberán proporcionar información previa sobre cada servicio, respetar la libertad de conexión y ofrecer capacitaciones digitales vinculadas a seguridad vial y prestación del servicio. Además, deberán facilitar el acceso a elementos de protección según el vehículo utilizado y contar con sistemas digitales de atención y reclamos para usuarios y trabajadores.
Por su parte, los prestadores deberán estar inscriptos ante las autoridades fiscales y cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales. El proyecto establece que deberán realizar aportes que les permitan acceder a beneficios como la Prestación Básica Universal, pensiones y cobertura del sistema de salud.
Asimismo, se exige contar con cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos y cumplir las normas de tránsito durante la prestación del servicio.
Sin relación laboral, pero con nuevos derechos
Uno de los puntos más debatidos es que el proyecto aclara expresamente que los derechos reconocidos no implican relación laboral ni subordinación. En ese sentido, los trabajadores podrán rechazar pedidos libremente, interrumpir el uso de la aplicación sin aviso previo y conservar el 100% de las propinas que otorguen los usuarios.
La normativa también establece que las plataformas deberán explicar las razones de suspensiones o bloqueos de cuentas y garantizar instancias de revisión, incluyendo canales de contacto con operadores humanos.
En materia de datos personales, se incorpora el derecho a la portabilidad: los prestadores podrán solicitar su información en formatos transferibles, lo que facilitaría migrar entre aplicaciones sin perder historial laboral.
Seguridad, formación y debate pendiente
El articulado incorpora la obligación de contar con seguros de accidentes personales que cubran fallecimiento, incapacidad, gastos médicos y funerarios. El costo del seguro podrá ser acordado entre las partes sin que implique reconocimiento de relación laboral.
Además, las plataformas deberán ofrecer capacitaciones gratuitas sobre uso de la app, trato con usuarios y seguridad vial. La reforma todavía debe ser debatida en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se anticipa una discusión intensa.
El debate se da en un contexto donde los ingresos siguen siendo un punto crítico. Según datos de la Fundación Encuentro, en diciembre de 2025 un repartidor necesitó completar en promedio 454 pedidos para cubrir la canasta básica de una familia tipo, lo que expone la desigualdad dentro del ecosistema de plataformas.
