El oficialismo ya definió su camino para el próximo año legislativo para avanzar con reformas estructurales desde enero y sostener decretos en compañía de aliados políticos.
Confiado en una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y en alianzas sostenidas con el PRO, la UCR y gobernadores afines, el gobierno de Javier Milei decidió no solicitar la prórroga de las emergencias que durante dos años sirvieron como estructura legal para avanzar con el grueso del plan de desregulación estatal. Desde el 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo perderá las facultades delegadas que sustentaron el Decreto 70/2023, por lo que cualquier reforma futura deberá tramitarse en el Congreso.
Fin del período excepcional
En la Casa Rosada ratifican que la decisión no implica un retroceso, sino un viraje estratégico acorde al nuevo equilibrio parlamentario. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue el principal arquitecto del esquema que caduca a fin de año. En su oficina aún permanece el contador que marca los días restantes para el cierre de esta etapa.
Según fuentes oficiales, Sturzenegger dispondrá de una última ventana de 29 días hábiles para completar una serie de recortes normativos antes de que el Ejecutivo deba someter cualquier modificación al trámite legislativo. Durante los primeros dos años de gestión libertaria, el funcionario impulsó la eliminación o modificación de 1.384 normas y más de 10.000 artículos vigentes. Aunque unas 500 disposiciones fueron restituidas por el Congreso, en el Gobierno aseguran que el balance es ampliamente favorable.
Mayoría legislativa y proyección de reformas
El nuevo tablero político en la Cámara Baja es el principal sostén de la estrategia. Con el traspaso de tres diputados de La Liga del Interior al bloque oficialista, La Libertad Avanza alcanzará desde diciembre 91 bancas propias. A ese número se suman los respaldos del PRO, sectores de la UCR y mandatarios provinciales que ya acompañaron las reformas estructurales durante 2024 y 2025.
Para el oficialismo, ese armado garantiza una mayoría suficiente tanto para blindar eventuales decretos como para avanzar con un paquete amplio de reformas que incluirá iniciativas laborales, penales, impositivas y educativas. “No necesitamos prorrogar nada. Con los votos actuales podemos defender cualquier decreto que haga falta y avanzar con leyes en el Congreso”, sintetizó un funcionario cercano al Presidente.
Presupuesto sin pedidos extraordinarios
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en las últimas semanas no incluye pedidos de emergencia ni delegación de facultades. Desde la Casa Rosada lo interpretan como un mensaje claro del nuevo rumbo político: menos dependencia de herramientas excepcionales y más protagonismo del Poder Legislativo. No obstante, aclaran que, en caso de que las condiciones económicas o sociales se deterioren, “una eventual solicitud podría evaluarse”.
Gobernabilidad y expectativas
En el oficialismo circula la idea de que el Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos de mayor fortaleza política desde el inicio del mandato. La recomposición de apoyos en Diputados y la disposición de gobernadores a negociar beneficios fiscales u obras públicas configuran lo que consideran un escenario estable para encarar 2026 con mayor previsibilidad.
La apuesta del Gobierno es clara: dejar atrás las emergencias, consolidar la estrategia legislativa y avanzar en un calendario de reformas que, según prometen en Balcarce 50, mantendrá la misma intensidad que tuvieron los primeros dos años, aunque ahora bajo la dinámica parlamentaria tradicional.
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