El diario
La Provincia de Buenos Aires oficializó un régimen de compensaciones para el transporte público del AMBA, en medio del recorte de subsidios nacionales y con el objetivo de garantizar continuidad y accesibilidad del servicio.
En un escenario marcado por el recorte de subsidios nacionales y el reordenamiento del esquema de financiamiento del sistema de transporte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una medida clave para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, se creó un nuevo régimen de compensaciones económicas destinado al transporte público de pasajeros bajo jurisdicción provincial.
La decisión busca amortiguar el impacto del ajuste tanto en los usuarios como en las empresas prestadoras, en un contexto de creciente presión sobre los costos operativos y de fuerte dependencia del sistema respecto del apoyo estatal.
Transporte: objetivos del nuevo régimen provincial
Según establece la normativa, el nuevo esquema apunta a “asegurar condiciones de regularidad, continuidad y accesibilidad del sistema de transporte”, garantizando que los servicios puedan sostenerse pese a los cambios en el esquema de subsidios nacionales.
En su artículo primero, la resolución dispone formalmente la creación del régimen de compensaciones, al que define como una herramienta excepcional orientada a sostener el funcionamiento del transporte público automotor de pasajeros en el AMBA que se encuentra bajo órbita provincial. El texto subraya que la finalidad central es “contribuir al sostenimiento económico-financiero del sistema”, en un momento de fuerte reconfiguración del sector.
Facultades y rol del Ministerio de Transporte
La resolución faculta al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a establecer los criterios operativos del régimen. Entre sus atribuciones se encuentran la definición de los prestadores alcanzados, las condiciones de acceso a las compensaciones y los mecanismos de control, seguimiento y fiscalización.
De este modo, la cartera provincial tendrá a su cargo la evaluación permanente del cumplimiento efectivo de los servicios, un punto clave del esquema. Las compensaciones estarán directamente vinculadas a la prestación real del servicio, lo que implica que su otorgamiento dependerá del funcionamiento regular de las unidades y de la frecuencia establecida.
Municipios alcanzados por la medida
El régimen comprende, en principio, a los municipios que integran el AMBA, entre ellos Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, entre otros.
No obstante, la normativa deja abierta la posibilidad de ampliar el alcance del régimen en el futuro, en función de la evolución del sistema y de las decisiones que adopte la autoridad de aplicación.
Podrán acceder al régimen aquellos prestadores que operen dentro del ámbito definido y que cumplan con las condiciones que establezca el Ministerio de Transporte bonaerense. La resolución remarca que las compensaciones no son automáticas ni permanentes, sino que estarán sujetas a evaluaciones periódicas y a la disponibilidad presupuestaria.
En ese sentido, el texto aclara que el otorgamiento de estas ayudas económicas no genera derechos adquiridos ni compromisos a largo plazo para el Estado provincial. Se trata de un esquema flexible, pensado como respuesta a una coyuntura específica, atravesada por cambios profundos en el financiamiento del transporte público.
Impacto esperado en usuarios y empresas
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el nuevo régimen busca evitar una degradación del servicio, mayores recortes de frecuencias o incrementos bruscos en las tarifas que afecten a los usuarios del AMBA. Al mismo tiempo, procura dar previsibilidad a las empresas prestadoras, que enfrentan un aumento sostenido de costos operativos en un contexto de menor asistencia nacional.
La creación de este régimen se inscribe en una estrategia más amplia de la Provincia para sostener servicios esenciales, en un contexto de restricciones fiscales y redefinición de responsabilidades entre Nación y jurisdicciones subnacionales.
