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El Gobierno presentará el 9 de diciembre su proyecto de reforma laboral, pero la CGT y la UIA advierten desacuerdos y aseguran que el texto no refleja consensos del Consejo de Mayo. Persisten diferencias por indemnizaciones, convenios, jornadas y derechos laborales.

El Poder Ejecutivo definió que el próximo 9 de diciembre dará a conocer el proyecto de reforma laboral, en simultáneo con las propuestas tributaria y penal. Sin embargo, a días de esa instancia clave, las principales centrales sindicales y sectores empresarios señalaron que el borrador no representa los acuerdos alcanzados durante las reuniones del Consejo de Mayo, un ámbito que, según remarcaron, tiene carácter consultivo y no vinculante.

Desde la CGT, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, afirmó que la central “no está de acuerdo” con los lineamientos trascendidos y que aún no tuvo acceso al texto final que el Gobierno planea elevar al Congreso. Aseguró que la organización gremial rechazará cualquier iniciativa que implique pérdida de derechos, ya sea en materia de indemnizaciones, jornadas, convenios colectivos o garantías sindicales.

Críticas de la CGT y falta de consensos para una reforma laboral

Martínez cuestionó la falta de definiciones del Ejecutivo respecto al contenido final del proyecto y señaló que se vienen discutiendo “varios textos”, sin lograr consensos entre los sectores. Tras la reunión formal, mantuvo además un encuentro privado con el asesor presidencial Santiago Caputo para continuar el diálogo.
El dirigente sindical sostuvo que la CGT observa con preocupación algunos puntos incluidos en los borradores, entre ellos cambios a la ultraactividad de los convenios, la relación entre sindicatos y cámaras empresarias, nuevas formas de financiamiento, modificaciones a los derechos colectivos e individuales y el posible alcance sobre trabajadores autónomos.

El borrador y los puntos en discusión

Desde el oficialismo trascendieron también otros elementos del borrador que generan fricciones. Entre ellos:

convenios por empresa,
nuevas modalidades de indemnización,
premios a la productividad,
bancos de horas,
reducción de impuestos al trabajo,
ampliación de la jornada laboral,
posibilidad de percibir salarios en pesos, dólares o euros.

Para los sindicatos, varios de estos puntos exceden lo acordado y podrían derivar en retrocesos sobre conquistas históricas.

El Consejo de Mayo resolvió adelantar al 9 de diciembre la presentación del informe final, originalmente prevista para el día 15. La decisión responde al inicio del período de sesiones extraordinarias el 10 de diciembre. El documento incluirá la reforma laboral junto con la fiscal y las modificaciones al Código Penal.
En la reunión estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez por la CGT y Martín Rappallini por la UIA.

Diferencias entre sindicatos, empresarios y Gobierno

Tanto Martínez como Rappallini, representante de la UIA, expusieron sus objeciones al proyecto, que serán analizadas antes de su presentación. El diputado Cristian Ritondo describió el escenario: “La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”. Aseguró que los acuerdos alcanzados durante los encuentros son estructurales, mientras que las discrepancias aparecen en los detalles.

La senadora Losada consideró que la reforma laboral “está muy avanzada”, aunque anticipó que el proyecto podría recibir modificaciones durante su debate en el Congreso. Reconoció que las filtraciones en torno a cambios laborales y a un plan educativo no consensuado generaron tensiones dentro del Consejo.

Un clima incierto hacia el 9 de diciembre

Desde la CGT dejaron trascender que, si el Gobierno mantiene el texto sin cambios, será un proyecto “del Gobierno”, sin respaldo sindical. Martínez insistió en que la central está dispuesta a discutir una modernización laboral, siempre que no suponga pérdidas de derechos.
En el oficialismo aseguran que continuarán las negociaciones para alcanzar acuerdos mínimos antes del 9 de diciembre, aunque admiten que persisten diferencias profundas entre el Gobierno, los gremios y los sectores empresarios.