El diario
El Colegio de Terapia Ocupacional bonaerense advierte sobre personas que ejercen sin título ni matrícula, especialmente en internaciones domiciliarias, poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad de los pacientes.
El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoToBA) ha emitido una fuerte advertencia ante la detección de individuos que realizan tareas propias de la disciplina sin poseer la formación académica requerida ni la habilitación legal correspondiente. Esta situación, calificada como intrusismo profesional, ha generado un estado de alerta entre los matriculados y las autoridades sanitarias bonaerenses.
La problemática no solo representa una infracción a la normativa vigente, sino que constituye un peligro latente para los pacientes. Al carecer de un título universitario, quienes incurren en esta práctica no cuentan con el respaldo científico ni ético necesario para diseñar planes de rehabilitación o autonomía personal, dejando a los usuarios en una situación de total vulnerabilidad ante posibles daños físicos o cognitivos.
El rol clave de la Terapia Ocupacional y el riesgo en domicilios
Según informaron fuentes de la entidad profesional, el foco de irregularidades se concentra mayormente en las empresas de atención domiciliaria. En estos contextos, la falta de controles estrictos facilita que personas sin la capacitación adecuada asuman roles que corresponden exclusivamente a profesionales de la salud.
Es fundamental comprender que la Terapia Ocupacional es una profesión que exige, por ley, una formación universitaria específica y la matriculación obligatoria. La matrícula no es un mero trámite administrativo, sino la garantía de que el profesional se encuentra bajo la supervisión de un Tribunal de Ética y cumple con los estándares científicos internacionales.
Limitaciones legales ante el intrusismo
Un dato preocupante revelado por el Colegio es el incremento de denuncias que llegan al Tribunal de Ética pero que no pueden ser procesadas. Esto sucede porque, al tratarse de personas no matriculadas, el organismo no tiene jurisdicción disciplinaria sobre ellas. En estos casos, las situaciones exceden el ámbito administrativo profesional para convertirse en causas de ejercicio ilegal de la medicina, las cuales deben ser canalizadas por la justicia penal.
