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La CNE estableció que la difusión de contenido audiovisual falso generado con Inteligencia Artificial (IA) durante campañas políticas será considerado delito electoral.
El avance de las herramientas de IA generativa ha abierto un frente inquietante en el terreno político. Lo que comenzó como una innovación tecnológica útil para optimizar procesos, hoy plantea desafíos concretos al debate público. En particular, el uso de videos falsificados, donde políticos aparecen diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron, se convirtió en un arma peligrosa para inducir al electorado a errores de juicio.
Inteligencia Artificial y campañas
El detonante inmediato de la resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) fue la reciente circulación en redes sociales, especialmente en la plataforma X (ex Twitter), de un video apócrifo que mostraba al expresidente Mauricio Macri supuestamente respaldando a un candidato distinto al oficial del PRO. El contenido fue difundido por cuentas anónimas —comúnmente llamadas “trolls”— con claros fines de manipulación electoral en la antesala de las elecciones porteñas del 18 de mayo.
Un fallo que fija jurisprudencia
No obstante, el antecedente legal que dio origen a esta resolución se remonta a las elecciones PASO de 2021 en Córdoba. En esa ocasión, Mario Negri, quien era precandidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, fue blanco de una campaña de desinformación en redes sociales. Dos videos falsos, publicados en una página de Facebook gestionada por una empresa de publicidad digital, pretendían alterar la percepción del electorado. La causa judicial imputó a una empleada de dicha firma, marcando un precedente clave en la lucha contra la manipulación digital.
A partir de este caso, la Cámara Nacional Electoral dispuso que toda persona que intervenga, de forma directa o indirecta, en la creación o difusión de este tipo de contenidos podría recibir una pena de prisión efectiva de dos meses a dos años. El fallo pone el foco no solo en los autores de los videos falsos, sino también en quienes los distribuyen con conocimiento de su falsedad.
Proyectos de ley para regular el uso de IA en política
En paralelo a la decisión judicial, comenzaron a avanzar propuestas legislativas para consolidar un marco normativo que regule el uso de inteligencia artificial con fines políticos maliciosos. Los diputados nacionales Oscar Agost Carreño y Julio Cobos presentaron proyectos de ley que buscan limitar los alcances de la IA en contextos electorales.
“La democracia no puede ser rehén de la desinformación”, sostuvo Agost Carreño, subrayando la urgencia de legislar ante un fenómeno que crece en complejidad. Por su parte, Cobos afirmó que en la Cámara de Diputados ya existen iniciativas en tratamiento y pidió acelerar su tratamiento: “En la próxima sesión vamos a emplazar a las comisiones correspondientes para que este tema se aborde antes de las elecciones”.
Otro legislador que se expresó sobre el tema fue Fabio Quetglas, quien calificó la decisión de la CNE como un “fallo necesario” al sostener que “el engaño premeditado degrada la democracia”. Su intervención refuerza la necesidad de contar con herramientas institucionales eficaces para proteger la integridad del voto y la confianza ciudadana.
Delito electoral en la era digital
La tipificación del uso de videos falsos como delito electoral abre un nuevo capítulo en la normativa electoral argentina. Se reconoce, por primera vez de forma explícita, que la manipulación digital deliberada constituye una amenaza directa al ejercicio libre e informado del sufragio. A medida que las tecnologías de generación de contenidos sintéticos se expanden, el Estado se ve obligado a reforzar los marcos regulatorios para preservar los valores fundamentales del sistema democrático.
En este contexto, la resolución de la CNE no solo tiene efectos inmediatos sobre las prácticas de campaña, sino que también sienta las bases para futuras regulaciones en torno a la inteligencia artificial, la protección de datos y la veracidad en la comunicación política.
Hacia una democracia blindada contra la desinformación
La decisión de calificar como delito electoral la manipulación malintencionada mediante IA marca un hito legal, pero también cultural. Es un llamado a la responsabilidad política, a la ética en el uso de las nuevas tecnologías y al compromiso del Estado con la verdad como pilar de la convivencia democrática.
Con nuevas elecciones en el horizonte, este marco legal representa una advertencia clara: la desinformación ya no será tolerada como una herramienta más de campaña. La política digital deberá adaptarse, esta vez, bajo el resguardo de la ley.
