El proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso generó fuerte debate al incluir la derogación de la actualización automática por inflación de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La medida, de aprobarse, dejaría en manos del Poder Ejecutivo la decisión sobre el monto y los aumentos de estas prestaciones.
El artículo clave del proyecto
En el artículo 73 de la denominada “ley de leyes”, el Gobierno propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160, normativa que establecía la movilidad automática de las asignaciones en función de la inflación y la actualización de los topes de ingresos familiares.
Hasta ahora, y desde un decreto firmado por Milei en 2024, jubilaciones, asignaciones familiares y la AUH se ajustaban mensualmente de acuerdo al último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. La iniciativa del Ejecutivo busca frenar ese mecanismo y otorgarse la potestad exclusiva para decidir la periodicidad y el nivel de los aumentos.
Qué asignaciones se verían afectadas
El cambio impactaría en todo el régimen de asignaciones familiares que paga la Anses, entre ellas:
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Asignación por hijo.
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Asignación por hijo con discapacidad.
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Asignación prenatal.
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Ayuda escolar anual.
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Asignación por nacimiento, adopción o matrimonio.
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Asignación Universal por Hijo (AUH).
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Asignación por embarazo para protección social.
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Asignación por cuidado de la salud integral.
Todas estas prestaciones dejarían de estar sujetas a una fórmula automática y dependerían de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Alcance del sistema de asignaciones
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Social, en mayo de 2025 el régimen de asignaciones familiares alcanzó a 9,4 millones de beneficiarios, entre ellos niños, adolescentes menores de 18 años, hijos con discapacidad sin límite de edad, personas gestantes y cónyuges de jubilados y pensionados.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se mantiene como la de mayor cobertura, con 4,1 millones de beneficiarios. A septiembre de 2025, el monto mensual se ubica en $92.065 en mano, mientras que el 20% restante se acumula y se paga una vez al año, sujeto a la presentación de la libreta escolar y sanitaria.
Implicancias y debate político
Si el Congreso aprueba la norma, el impacto podría ser significativo para millones de familias que dependen de estos ingresos como complemento esencial de sus salarios o como único sostén económico. La eliminación de la movilidad automática genera incertidumbre, ya que los montos quedarán sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo y no al ritmo de la inflación.
Desde la oposición y sectores sindicales ya se anticipan críticas, al advertir que la medida podría erosionar el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de alta inflación. El oficialismo, por su parte, defiende el proyecto como parte de su política de “ordenamiento fiscal” y sostiene que permitirá una administración más eficiente de los recursos públicos.
Lo cierto es que el futuro de las asignaciones será uno de los temas centrales en el debate del Presupuesto 2026, que marcará el rumbo de la política social del Gobierno en los próximos años.