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Los paros docentes volvieron a generar tensión en Buenos Aires luego de que el Gobierno provincial diferenciara las medidas sindicales y advirtiera sobre posibles descuentos salariales.
El Gobierno de Axel Kicillof abrió un nuevo capítulo en el conflicto con los docentes bonaerenses al diferenciar las medidas de fuerza convocadas por sindicatos con representación legal de aquellas impulsadas por agrupaciones disidentes.
La advertencia fue formulada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien señaló que la Provincia podría aplicar descuentos salariales en determinados casos. La definición, según explicó el funcionario, quedará en manos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).
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La postura oficial se conoció después del paro de 24 horas realizado el jueves 1 de octubre por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), una medida que tuvo como eje principal los episodios de violencia registrados en establecimientos educativos.
Paros docentes y la advertencia oficial
Bianco explicó que, desde la perspectiva del Gobierno provincial, existen diferencias entre las medidas de fuerza convocadas por organizaciones gremiales reconocidas y aquellas promovidas por sectores que no cuentan con la misma representación legal.
El ministro mencionó específicamente a Suteba Multicolor, sector opositor a la conducción provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, y a la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.
“Hay de dos tipos”, planteó Bianco al referirse a las medidas de fuerza. Según su explicación, algunas son impulsadas por el conjunto de los gremios con validación legal, mientras que otras corresponden a agrupaciones que, de acuerdo con el Gobierno, no cuentan con esa condición.
En ese contexto apareció el punto que generó mayor repercusión: la posibilidad de descontar de los haberes los días correspondientes a determinadas jornadas de paro.
Bianco aclaró que no se trata de una decisión que haya quedado establecida de manera general para todas las medidas de fuerza. La eventual aplicación de descuentos corresponde a la DGCyE, organismo que deberá determinar cómo proceder en cada caso.
La precisión resulta relevante en un escenario donde conviven distintas convocatorias y reclamos dentro del sector educativo bonaerense. La Provincia diferencia así entre las medidas promovidas por los sindicatos que cuentan con representación reconocida y las acciones impulsadas por sectores disidentes.
El conflicto en las escuelas
La advertencia oficial se produjo pocos días después de una jornada de paro provincial que tuvo como principal reclamo la violencia en las escuelas. El FUDB convocó para el jueves 1 de octubre a una medida de fuerza de 24 horas que alcanzó a establecimientos públicos de toda la provincia.
La protesta fue impulsada por SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET. Los sindicatos reclamaron mayores medidas de prevención y protección frente a las situaciones de violencia que atraviesan las comunidades educativas.
El reclamo se desarrolló además en un contexto de tensión por la discusión salarial. Los gremios vienen planteando la necesidad de avanzar en las negociaciones paritarias, aunque la convocatoria del 1 de octubre tuvo como eje específico los hechos de violencia contra docentes.
La medida se produjo después de distintos episodios registrados en establecimientos de la provincia y de reclamos para que se implementen herramientas de prevención y protección para los trabajadores de la educación.
A partir de esta situación, el conflicto docente suma ahora un nuevo elemento: la discusión sobre el alcance de las medidas de fuerza y las consecuencias salariales que podrían tener aquellas convocadas por agrupaciones que la Provincia considera que no cuentan con representación legal.
Por el momento, la definición sobre eventuales descuentos permanece en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. Mientras tanto, el escenario gremial continúa atravesado por reclamos vinculados tanto con la seguridad en las escuelas como con las condiciones laborales y salariales.
La diferenciación planteada por el Gobierno bonaerense podría convertirse así en uno de los puntos centrales de las próximas jornadas de protesta, en un conflicto que mantiene abiertas distintas demandas dentro del sistema educativo provincial.
