El diario
Las petroleras se preparan para implementar un nuevo aumento en los precios de los combustibles a partir de septiembre, lo que generará una fuerte presión a los consumidores.
Este ajuste, que será del orden del 3% en promedio a nivel nacional, forma parte de una serie de medidas que buscan equilibrar el retraso acumulado en los precios de la nafta y el gasoil, los cuales, según fuentes del sector, aún se encuentran un 12% por debajo de los valores internacionales.Causas del Aumento de los combustibles
El incremento que entrará en vigor el próximo lunes responde a diversos factores que influyen directamente en el costo de los combustibles en el mercado local. Entre ellos se destaca la reciente micro devaluación del peso frente al dólar, que fue del 2%. Esta devaluación afecta a los precios de los combustibles, ya que gran parte de los costos de producción y distribución de estos productos están dolarizados, lo que genera la necesidad de ajustar los precios locales para compensar dicha variación.
Además, se debe tener en cuenta la aplicación del impuesto a los combustibles, que sube un 1% mensual. Este gravamen, que se ajusta de manera progresiva, se incorpora automáticamente a los precios de venta al público, lo que termina impactando en los consumidores. Sin embargo, a pesar de estos ajustes, el retraso en los precios continúa, lo que sugiere que podrían ser necesarias nuevas correcciones en los próximos meses.
Precios Internos y Competencia Internacional
El atraso del 12% en los precios de los combustibles con respecto a los valores internacionales es un tema que genera preocupación en el sector. Esta diferencia en los precios genera tensiones no solo para las empresas petroleras, que ven reducidos sus márgenes de ganancia, sino también para el gobierno, que debe equilibrar el impacto inflacionario de estos ajustes con la necesidad de mantener la competitividad de los precios internos.
Este retraso se debe, en parte, a la decisión del gobierno de no trasladar inmediatamente la totalidad de los aumentos de costos a los precios finales, con el objetivo de evitar un golpe directo al bolsillo de los consumidores y a la economía en general. Sin embargo, esta política tiene un costo significativo en términos de recaudación fiscal.
Impuestos Pendientes y la Pérdida de Ingresos Fiscales
Uno de los aspectos más destacados en este contexto es la falta de actualización de ciertos impuestos vinculados a los combustibles. Según estimaciones, aún quedan pendientes aumentos impositivos que podrían sumar hasta $135 por litro en el caso de la nafta y $87 en el gasoil, basados en la evolución de la inflación acumulada que no se ha trasladado a los precios. Esto significa que el gobierno está renunciando a una porción importante de recaudación impositiva que podría generar ingresos adicionales en un momento en que las arcas del Estado están bajo presión.
Se estima que la falta de actualización de estos impuestos le está costando a la economía más de US$ 200 millones mensuales en ingresos no percibidos. Esta cifra es particularmente relevante en un contexto en el que el Estado necesita financiar diversas políticas públicas y proyectos de infraestructura, además de cubrir el creciente déficit fiscal.
Entre enero y julio de este año, la recaudación de impuestos a los combustibles alcanzó los $983.266 millones, una cifra significativa pero que podría haber sido considerablemente mayor si se hubiera aplicado la actualización completa de los impuestos pendientes. Esta situación plantea un dilema para el gobierno, que debe balancear la necesidad de mantener la estabilidad económica con las demandas de los actores del sector energético.
Impacto en el Consumidor y en la Economía Nacional
El aumento en los combustibles tendrá un impacto directo en el costo de vida de los ciudadanos, ya que estos productos son fundamentales no solo para el transporte personal, sino también para la logística y distribución de bienes en todo el país. Un incremento en los precios de la nafta y el gasoil puede desencadenar una cadena de aumentos en otros sectores de la economía, generando un efecto inflacionario que afectaría a la mayoría de los productos y servicios.
Para el consumidor, este ajuste se traduce en un golpe al bolsillo en un contexto en el que los ingresos no han crecido al mismo ritmo que los precios. Además, la inflación general, que ya es alta, podría recibir un nuevo impulso con este tipo de aumentos, lo que complicaría aún más la situación económica de los sectores más vulnerables.
Por otro lado, el gobierno debe manejar cuidadosamente la implementación de estos aumentos para evitar un impacto político negativo, especialmente en un año en el que la estabilidad económica es clave para el panorama electoral. Las decisiones que se tomen en torno a los combustibles y su impacto en la inflación pueden tener repercusiones significativas en la percepción de la gestión económica por parte de la población.
A corto plazo, es probable que los precios de los combustibles sigan ajustándose, ya que el retraso del 12% respecto a los precios internacionales aún no se ha corregido por completo. Sin embargo, el gobierno deberá considerar cuidadosamente cómo implementar estos aumentos para minimizar su impacto en la inflación y en los consumidores.
A largo plazo, la discusión sobre los combustibles está vinculada a la necesidad de diversificar la matriz energética del país. La dependencia del petróleo y sus derivados pone a la economía en una situación vulnerable ante las fluctuaciones internacionales de precios, por lo que es fundamental avanzar en el desarrollo de energías alternativas que puedan reducir esta dependencia y, a la vez, ofrecer una mayor estabilidad en los costos energéticos para los consumidores.
En resumen, los aumentos en los combustibles representan un desafío tanto para el sector energético como para la economía en general. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán claves para definir el rumbo de la economía y su estabilidad a mediano y largo plazo, en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre económica.
