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La Autopista Presidente Perón vuelve al centro de la agenda bonaerense: la Provincia creó un consorcio con ocho municipios para gestionar su finalización y mantenimiento.
La finalización de la Autopista Presidente Perón volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que busca avanzar sobre una obra vial de escala metropolitana que permanece inconclusa.
La administración bonaerense creó el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, integrado por la Provincia y los municipios de Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Presidente Perón y San Vicente.
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El organismo fue establecido mediante el Decreto 641 y tendrá entre sus objetivos coordinar políticas y proyectos vinculados con infraestructura, transporte, seguridad, desarrollo territorial, ambiente y servicios públicos en el área relacionada con la traza.
Autopista Presidente Perón y los tramos pendientes
La decisión se produce en un contexto de reclamos de la administración de Axel Kicillof al Gobierno nacional por la continuidad de las obras pendientes. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que la Provincia pretende que Nación transfiera la operación, el mantenimiento y la finalización de los trabajos.
Según explicó Bianco, de los sectores previstos ya se encuentran finalizados 52 kilómetros, mientras que permanecen pendientes distintos tramos. El funcionario mencionó aproximadamente seis kilómetros entre el Camino del Buen Ayre y Merlo, además de unos 25 kilómetros desde la zona de la Ruta Provincial 210, en Guernica, hasta la Autovía 2.
La documentación oficial de la Provincia también registra que 52 kilómetros de la Autopista Presidente Perón fueron finalizados y habilitados durante el período 2019-2023.
La obra tiene importancia estratégica dentro de la red de circulación del Área Metropolitana de Buenos Aires porque fue proyectada como un corredor de circunvalación destinado a conectar distintos sectores del conurbano sin que todo el tránsito deba atravesar los corredores centrales.
En 2023, por ejemplo, se habilitó un tramo de 22 kilómetros comprendido entre la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Provincial 210, pasando por el empalme con la Ruta Provincial 58.
El desarrollo de la autopista se realizó por etapas y permitió habilitar distintos sectores a medida que avanzaban los trabajos.
El reclamo por seguridad
Además de la cuestión estrictamente vial, el Gobierno bonaerense planteó la seguridad como uno de los principales problemas asociados a la situación actual de la traza.
Bianco afirmó que los sectores habilitados son transitables, pero señaló que existen faltantes relacionados con iluminación, colectoras y controles de seguridad vial y general. Según el funcionario, esta situación genera preocupación por el uso que pueda darse a determinados sectores del corredor.
El ministro sostuvo que la ausencia de fuerzas federales constituye uno de los principales puntos de preocupación para la administración provincial y vinculó esa situación con un riesgo de utilización de la traza para actividades delictivas.
Estas afirmaciones corresponden al diagnóstico expresado públicamente por el Gobierno bonaerense y forman parte del argumento utilizado para reclamar el traspaso de responsabilidades sobre la autopista.
La creación del consorcio incorpora así la seguridad entre las áreas de trabajo que deberán ser abordadas de manera coordinada por la Provincia y los municipios integrantes. El decreto establece expresamente objetivos relacionados con seguridad, transporte e infraestructura, además del desarrollo territorial y social.
Qué busca hacer la Provincia
La primera medida anunciada por la administración bonaerense será solicitar formalmente al Gobierno nacional el traspaso de la operación, el mantenimiento y la finalización de los trabajos pendientes.
El objetivo planteado es que la Provincia pueda asumir un papel directo sobre una infraestructura cuya ejecución estuvo a cargo del Estado nacional.
El consorcio creado tendrá además una dimensión regional. No se limita exclusivamente a terminar la calzada, sino que contempla la posibilidad de coordinar políticas sobre el entorno de la autopista y los municipios vinculados con ella.
La norma permite incluso que puedan incorporarse otros municipios que tengan incidencia en los objetivos del organismo, así como entidades públicas o privadas vinculadas con las actividades previstas.
El desafío, a partir de ahora, será determinar bajo qué condiciones se produciría un eventual traspaso y qué recursos serían necesarios para completar los sectores pendientes.
Mientras tanto, la Autopista Presidente Perón continúa funcionando parcialmente y mantiene su importancia dentro de la estructura vial metropolitana. La Provincia busca que el nuevo esquema de coordinación permita retomar los trabajos pendientes y avanzar sobre cuestiones de mantenimiento, infraestructura y seguridad que considera necesarias para completar el corredor.
