Buscarían intervenir todos los registros automotores del país

El Gobierno se dispone a intervenir todos los registros automotores del país. A través de una presentación ante el secretario de Justicia, se dio por comenzado el proceso de manera formal.

Este viernes, el Gobierno argentino dio un paso significativo al poner en marcha su plan para intervenir todos los registros automotores del país. Bajo la dirección del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se formalizó la presentación de este proceso que busca revocar intervenciones vigentes y nombrar nuevos interventores en más de un centenar de registros.

Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, dirigió una nota al secretario de Justicia, marcando el inicio del proceso. Este movimiento responde a la promesa de reorganización de los organismos públicos por parte del gobierno, liderado por Javier Milei y su partido “La Libertad Avanza”, que durante la campaña electoral puso en tela de juicio la forma de nombramiento de los titulares de los registros, señalándolos como privilegios de la “casta política”.

En total, Argentina cuenta con 1.557 registros de la propiedad automotor, donde mensualmente se realizan alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.
En el año 2022, se llevaron a cabo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas, sumando un total de 2.809.049 trámites, con un promedio de 150 por mes por cada oficina, aunque algunos registros manejan un volumen mucho mayor debido a su ubicación y jurisdicción.

El sistema registral, que depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y opera en la órbita del Ministerio de Justicia, ha sido objeto de críticas por su burocracia, falta de eficiencia y altos costos. Además, se le ha sindicado como una “caja política”, ya que asignaciones de puestos están vinculadas a exfuncionarios o familiares de estos.

En el pasado, el sistema registral ha sido objeto de controversia, como la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora en un registro estratégico de la ciudad neuquina de Centenario.

Sin embargo, los problemas fundamentales del sistema se centran en su mal funcionamiento y en sus costos. Los trámites de registros de vehículos tienen un costo aproximado del 6% del valor del automóvil, y estos costos están directamente relacionados con la cantidad de trámites, aranceles y sellos.

El sistema argentino se destaca por su complejidad asociada a la cantidad de formularios, que requieren presencialidad, incluso para firmar documentos digitales como el formulario de transferencia (08), lo cual contrasta con sistemas más eficientes en otros países.

En este contexto, el gobierno de Javier Milei ha decidido intervenir registros automotores en varias provincias, como Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Este movimiento abre un debate en Argentina sobre la necesidad de reformar un sistema que ha sido cuestionado durante años, promoviendo la eficiencia, eliminando privilegios políticos y reduciendo los costos asociados a los trámites vehiculares.