El diario
El Poder Ejecutivo implementó una nueva modificación presupuestaria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), destinando partidas adicionales a áreas clave como salud, seguridad, educación, subsidios energéticos y deuda pública.
La medida, que representa la segunda reasignación de recursos en lo que va del año, fue oficializada este martes en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional resolvió ampliar nuevamente el presupuesto 2025 a través de un DNU, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales y atender demandas urgentes en diversas áreas estratégicas del Estado. El Decreto de Necesidad y Urgencia 425, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, establece una actualización de las partidas para salud, seguridad, educación, programas sociales y el pago de la deuda.
La decisión se enmarca en lo que el Ejecutivo calificó como “una situación de emergencia económica”, que exige la reasignación inmediata de recursos públicos para asegurar la operatividad del Estado en funciones clave. Esta es la segunda vez en el año que el Gobierno recurre a un DNU para modificar el esquema de gastos originalmente previsto.
¿Por qué un DNU?
Según los fundamentos del decreto, la utilización del mecanismo de excepción responde a la necesidad de “adecuar el presupuesto nacional vigente” para garantizar el cumplimiento de las obligaciones básicas del Estado. Se advirtió que, de no mediar una modificación urgente, podrían verse comprometidos servicios esenciales bajo responsabilidad directa del Gobierno nacional.
El DNU subraya la intención de reforzar las partidas destinadas a salarios, prestaciones sociales, subsidios, equipamiento e infraestructura crítica, en un contexto de alta inflación y restricciones presupuestarias.
Áreas clave que recibirán fondos adicionales
Entre las principales áreas beneficiadas por esta reasignación se encuentran:
Salud pública
Los hospitales nacionales de gestión descentralizada, como el Garrahan, El Cruce, El Calafate, René Favaloro, Cuenca Alta Néstor Kirchner, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Hospital del Bicentenario recibirán mayores partidas para garantizar la compra de insumos médicos, medicamentos y mantenimiento de equipos e infraestructura.
Además, se prevé una ampliación de fondos para programas de atención médica, cobertura farmacéutica y prestaciones específicas para personas con discapacidad, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Educación y universidades
El decreto contempla un refuerzo en los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, en respuesta a los reclamos por recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo. También se destinarán fondos para gastos operativos y el sostenimiento de programas académicos estratégicos.
Seguridad y Defensa
La actualización presupuestaria impactará directamente en los salarios del personal militar y de las fuerzas de seguridad federales, así como en jubilaciones y pensiones específicas del sector. Además, se busca optimizar la capacidad operativa de la Policía Federal, con mejoras en equipamiento y logística.
Prestaciones sociales y subsidios
Se incluyen aumentos en los fondos destinados al pago de jubilaciones, asignaciones familiares, planes de desempleo y otras prestaciones previsionales. También se amplían los subsidios energéticos, en particular para cubrir tarifas de gas y electricidad, lo que representa una medida clave para sectores vulnerables en medio del invierno.
Deuda pública
El DNU también habilita el uso de recursos adicionales para atender compromisos relacionados con la deuda pública. Esta medida apunta a preservar la estabilidad financiera y evitar retrasos en el pago de vencimientos tanto internos como externos.
Una medida con alto impacto político y económico
La implementación de esta modificación presupuestaria por DNU refuerza el poder de decisión del Ejecutivo en un contexto en el que no se ha aprobado un presupuesto general por el Congreso para el año en curso. Aunque se argumenta necesidad y urgencia, la medida vuelve a abrir el debate sobre el uso recurrente de decretos en detrimento del tratamiento legislativo ordinario.
Desde el oficialismo se justificó la acción como indispensable para asegurar el funcionamiento del Estado en áreas sensibles, mientras que sectores de la oposición y organismos de control podrían plantear cuestionamientos en relación con la transparencia, la legalidad del procedimiento y la falta de debate parlamentario.
El DNU 425 constituye una intervención directa del Poder Ejecutivo para redirigir recursos hacia áreas críticas del funcionamiento estatal. En un escenario económico marcado por la inflación, el ajuste fiscal y las tensiones sociales, esta medida busca garantizar salarios, prestaciones y servicios básicos sin pasar por el Congreso. La magnitud de los fondos reasignados y las áreas involucradas reflejan la complejidad del momento económico y el margen de acción que el Gobierno considera necesario para mantener la estabilidad institucional.
Con esta decisión, el Ejecutivo refuerza su estrategia de gobernabilidad centrada en la gestión directa, utilizando los DNU como herramienta central para resolver contingencias presupuestarias mientras continúa redefiniendo el rol del Estado en la administración de los recursos públicos.
