El diario
Fuentes del Consejo de Mayo confirmaron los principales lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso en diciembre.
El proyecto mantiene la indemnización tradicional, modifica convenios colectivos y apunta a reducir la litigiosidad.
La reforma laboral se definirá en el Consejo de Mayo
En medio de versiones cruzadas y tensiones con la CGT, fuentes del Consejo de Mayo anticiparon los ejes reales de la reforma laboral que prepara el Gobierno nacional. Aunque aún se encuentra en etapa de revisión, la iniciativa —que será presentada a mediados de diciembre— surge del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, con el aporte técnico del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Desde el Consejo aclararon que no existe un texto definitivo y desmintieron varios puntos difundidos en medios. El objetivo, dijeron, es modernizar las relaciones laborales sin afectar los derechos básicos de los trabajadores ni la competitividad del sector productivo.
Los cambios confirmados
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que se mantendrá la indemnización por despido equivalente a un mes por año trabajado, sin un tope máximo de salarios. En el Consejo de Mayo desmintieron que el límite sea de diez sueldos, y aseguraron que el único tope existente corresponde a la remuneración base para el cálculo, tal como ya lo prevé la ley vigente.
También se busca redefinir la ultraactividad de los convenios colectivos, el principio que permite que un acuerdo laboral siga vigente hasta que se firme uno nuevo. Según explicaron, la idea es que solo las cláusulas normativas (las que definen condiciones laborales) mantengan validez automática, mientras que las obligacionales (como los aportes sindicales) expiren al vencer el convenio. El objetivo es incentivar la actualización periódica de acuerdos y adecuarlos a los cambios económicos y tecnológicos.
Otro cambio sustancial es que los acuerdos por empresa tendrán preeminencia sobre los convenios por actividad, lo que, según el Consejo, promueve la descentralización de la negociación colectiva y otorga mayor poder a las comisiones internas dentro de cada compañía.
Los puntos que más preocupan a la CGT
La CGT ya manifestó su rechazo a varios de los puntos en debate. Su representante en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez (UOCRA), se opuso a las propuestas elevadas por el Gobierno y no presentó aportes al texto, según confirmaron las fuentes consultadas.
La central obrera advierte que el proyecto limita la ultraactividad, restringe las cuotas solidarias sindicales y altera el equilibrio de poder entre empresas y gremios, elementos que —sostienen— vulneran la estructura tradicional del sistema laboral argentino.
En particular, el Consejo propone prohibir el cobro compulsivo de cuotas solidarias a trabajadores no afiliados, salvo aceptación expresa. Este punto, que ya figuraba en el DNU 70 frenado por la Justicia, es considerado por los sindicatos como un ataque directo a su financiamiento.
Derecho de huelga, salarios variables y nuevos criterios laborales
El nuevo esquema laboral incluirá una reglamentación del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, con una cobertura mínima del 75% en servicios críticos y del 50% en servicios trascendentales.
En materia salarial, se incorporará el concepto de “salarios dinámicos” o variables, asociados al mérito, la productividad y la situación económica de la empresa. En el Consejo de Mayo defienden esta medida como un incentivo para mejorar la productividad y formalizar el empleo, especialmente en pymes.
La reforma también delimita con mayor precisión el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a la administración pública, el trabajo agrario, el servicio doméstico y las plataformas digitales. Según los impulsores, esto busca brindar seguridad jurídica y adaptar la normativa a las nuevas modalidades de empleo.
Cambios en jornada, licencias y vacaciones
Otro punto destacado es la introducción del banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral en base a promedios semanales, respetando siempre los límites legales. La iniciativa apunta a mayor flexibilidad horaria y conciliación entre trabajo y vida personal.
En materia de licencias y enfermedades, el empleador deberá abonar prestaciones dinerarias no remunerativas durante el período de baja, reduciendo algunos aportes patronales (excepto los de obra social) para proteger el empleo sin elevar los costos fijos.
Respecto a las vacaciones, se permitirá su fraccionamiento en lapsos de al menos 7 días, previo acuerdo entre empleador y trabajador, lo que busca favorecer la planificación productiva y el bienestar laboral.
ARCA y modernización administrativa
El Consejo de Mayo confirmó que el proyecto incluirá la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como organismo único de registro laboral. Esta medida pretende simplificar trámites, reducir costos y fomentar la formalización del empleo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
También se precisan nuevas reglas para la subcontratación y la responsabilidad solidaria, limitándola a casos de incumplimiento comprobado por parte del contratista. Con ello se busca fortalecer las cadenas de valor y promover la contratación de proveedores bajo condiciones más previsibles.
Formación profesional y competitividad
La formación y capacitación laboral ocuparán un capítulo central de la reforma. Según el Consejo, se promoverá la actualización continua de competencias para adecuar el empleo a los cambios tecnológicos, impulsando la empleabilidad y competitividad del capital humano argentino.
El proyecto, además, podría incluir disposiciones sobre regímenes especiales, prácticas formativas y pymes, aunque no contempla por ahora la restitución de los tickets canasta ni una regulación específica para los trabajadores de plataformas digitales.
Lo que viene
El Gobierno planea presentar oficialmente el proyecto en diciembre, una vez concluido el debate técnico en el Consejo de Mayo, ámbito donde convergen representantes del Ejecutivo, legisladores, empresarios y gremios.
Si bien las diferencias con la CGT se mantienen, desde el Consejo sostienen que el texto final buscará equilibrar derechos laborales con competitividad y seguridad jurídica, bajo la premisa de “cero perjuicio al trabajador” y un fuerte impulso a la modernización del empleo formal.
