El diario
El Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) pidió explicaciones al intendente Boto y reclamó que vete la ordenanza que elimina el CUA, al considerar que vulnera derechos colectivos y afecta la institucionalidad.
Exponen preocupación por la falta de participación ciudadana y transparencia en la actualización del Código de Ordenamiento Urbano.
Historia y funciones del Consejo Urbanístico Ambiental
El Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) fue creado en 2019 a partir de un consenso multipartidario en el Concejo Deliberante. Su origen se vinculó con la necesidad de institucionalizar un espacio de participación ciudadana en temas sensibles como el ordenamiento territorial, la planificación urbana y la gestión del hábitat.
La ordenanza fundacional, aprobada en marzo de 2019, surgió de proyectos elaborados por Vamos – Patria Grande y Unidad Ciudadana FpV-PJ Luján. Pese al veto del entonces intendente Oscar Luciani, la estructura quedó finalmente establecida en junio de 2020, cuando el Concejo Deliberante ratificó su creación.
Desde entonces el organismo se consolidó como un ámbito de asesoramiento, debate y control social. Entre sus intervenciones más destacadas, recomendó aprobar el desarrollo urbanístico Procrear II en Plumas Verdes y acompañó procesos de rezonificación, siempre bajo criterios de participación abierta y análisis técnico.
Cuestionamientos crecientes a la gestión urbanística
Con el paso del tiempo, el CUA comenzó a manifestar desacuerdos frente a varias iniciativas del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
Uno de los puntos críticos fue la excepción al Código de Ordenamiento Urbano (COU) que habilitó la puesta en marcha de la termoeléctrica, un caso que —según el organismo— marcó un quiebre en los estándares de transparencia y control.
En marzo de este año, el CUA cuestionó el tratamiento de la actualización del COU presentada por el Ejecutivo. Aunque las Comisiones de Urbanismo y Legislación del Concejo convocaron a una reunión conjunta para socializar el proyecto, desde el Consejo advirtieron que la instancia no garantizó un proceso participativo suficiente.
A estos reclamos se sumó el conflicto en el barrio Valle Verde, donde vecinos alertaron sobre la habilitación de una rezonificación industrial próxima a zonas residenciales. El CUA coincidió en señalar riesgos para la calidad de vida y criticó la ausencia de mecanismos robustos de participación ciudadana.
Hacia un nuevo esquema participativo
En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se presentó sobre tablas un proyecto para derogar el CUA y reemplazarlo por una nueva ordenanza de participación ciudadana vinculada a proyectos urbanísticos y ambientales de alto impacto.
Según la información oficial del HCD, la norma crea instancias formales de consulta —audiencias, debates y consultas públicas— de carácter no vinculante. Estas deberán aplicarse en decisiones que modifiquen el ambiente, la infraestructura, el trazado urbano o la calidad de vida de la población.
El Concejo afirmó que el nuevo marco se sustenta en la Constitución bonaerense, la Ley de Acceso Justo al Hábitat y la Ordenanza de Gobierno Abierto. También incorpora criterios de publicidad de convocatorias, acceso a la información y registro de intervenciones. Además, reconoce las propuestas vecinales sobre hábitat y desarrollo urbano como iniciativas populares.
Con la derogación simultánea de las ordenanzas que regulaban el funcionamiento del CUA, el Concejo plantea que este esquema constituye un marco renovado para la “construcción democrática del territorio”.
El CUA pide explicaciones al intendente
En respuesta directa a la derogación, el Consejo Urbanístico Ambiental solicitó una reunión urgente con el intendente Leonardo Boto para conocer los fundamentos políticos y técnicos de la decisión.
En la nota enviada al Ejecutivo, el organismo afirma que la situación genera “un cuadro de incertidumbre institucional de particular gravedad”. Señala que el tratamiento legislativo se habría realizado sin expediente administrativo visible y sin información sobre los autores o dictámenes de comisión que habilitaron su tratamiento sobre tablas.
El CUA subraya que su eliminación, de confirmarse mediante la Ordenanza Nº 8874/25, implicaría un retroceso en derechos constitucionales y colectivos vinculados al acceso a la información, la deliberación pública y el control social de las políticas urbanas.
El Consejo Urbanístico Ambiental pidió al intendente que ejerza su facultad de veto, amparado en el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Asegura que el nuevo esquema de participación “no reemplaza” la función multiactoral del CUA y que ambos modelos son compatibles y complementarios.
Entre los puntos que pide aclarar en la reunión solicitada, el organismo destaca:
- Los fundamentos políticos, jurídicos y técnicos detrás de la derogación.
- Las razones para desarticular un órgano participativo de composición plural y deliberativa.
- La postura institucional del Municipio frente al derecho ciudadano a recibir información y participar en decisiones territoriales.
Finalmente, el CUA concluye que la eliminación del consejo vulneraría la institucionalidad municipal y afectaría la transparencia en la gestión del suelo, un aspecto clave para la planificación urbana democrática.
