El diario
El sistema de educación privada bonaerense enfrenta nuevas preocupaciones por aumentos impositivos municipales. En el sector temen que medidas como la aplicada en Pilar compliquen aún más la situación económica.
El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de creciente incertidumbre económica. A los problemas financieros que desde hace años afectan a muchas instituciones, ahora se suma una nueva preocupación: la posibilidad de que aumente la presión impositiva municipal sobre los establecimientos educativos.
Presión impositiva y preocupación en el sistema educativo
El caso que encendió las alarmas en el sector se registró en el municipio de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó recientemente la ordenanza 112/25. La norma establece un incremento del 100% en la tasa de seguridad e higiene y, además, fija una contribución mensual obligatoria de 7.500 pesos por cada empleado de las pequeñas y medianas empresas, categoría en la que también se encuentran encuadradas las escuelas privadas.
Desde las entidades que agrupan a estas instituciones advierten que el impacto podría ser significativo, ya que a diferencia de muchas pymes tradicionales, los establecimientos educativos cuentan con planteles numerosos.
El impacto en la educación privada
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), explicó que la estructura laboral de una escuela hace que este tipo de medidas tenga consecuencias económicas importantes.
Según indicó, mientras muchas pequeñas empresas funcionan con pocos empleados, una institución educativa suele tener entre 60 y 120 trabajadores entre docentes, personal administrativo y auxiliares.
Esto significa que el nuevo esquema impositivo podría traducirse en costos muy elevados para los establecimientos. De acuerdo con estimaciones del sector, una escuela de tamaño medio podría terminar pagando entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.
Para los representantes de las instituciones de educación privada, el problema no se limita a un municipio puntual. El temor es que iniciativas similares puedan replicarse en otros distritos del conurbano bonaerense y del interior provincial.
“En el contexto actual es realmente difícil de comprender este tipo de decisiones. No se está considerando la situación económica que atraviesan muchas escuelas”, señalaron desde la entidad.
Escenario económico complejo
La situación del sector de la educación privada ya venía siendo delicada. Muchas instituciones arrastran dificultades desde hace varios años debido a distintos factores, entre ellos el aumento sostenido de los costos operativos, el incremento en los servicios públicos y el atraso en la actualización de las cuotas.
A esto se suma un contexto económico complejo que afecta también a las familias. Las dificultades para afrontar los aranceles provocaron un aumento de la morosidad en el pago de las cuotas, lo que impacta directamente en las finanzas de los colegios.
Además, la caída de la natalidad registrada en los últimos años comenzó a reflejarse en el sistema educativo. Según datos del sector, en los últimos cuatro años se registró una reducción cercana a los 300 mil alumnos en todo el sistema educativo argentino.
Este descenso de matrícula afecta tanto a escuelas públicas como privadas, aunque en estas últimas suele tener consecuencias más directas en la sustentabilidad económica de las instituciones.
Riesgo de cierres y preocupación en el sector
Como consecuencia de este escenario, algunas instituciones educativas privadas ya cerraron en distintos puntos de la provincia, especialmente en el conurbano bonaerense y en la ciudad de La Plata.
Desde el sector señalan que muchos establecimientos logran mantenerse en funcionamiento, pero con fuertes dificultades financieras. En algunos casos, las escuelas recurren a créditos o endeudamiento para poder cumplir con el pago de salarios y cargas sociales.
Ante este panorama, las entidades que representan a los colegios privados buscan abrir instancias de diálogo con las autoridades municipales y provinciales para analizar el impacto de las medidas impositivas y evitar que la situación económica del sistema educativo se deteriore aún más.
El principal objetivo, sostienen, es preservar la continuidad de las instituciones que forman parte de un sistema que actualmente concentra cerca del 30% de la cobertura educativa en la provincia de Buenos Aires y que alberga a más de 1,3 millones de estudiantes.
