En febrero, el Congreso debatirá cambios en la Ley de Glaciares que podrían destrabar millonarias inversiones mineras, impulsar el cobre y el litio y reabrir la discusión sobre el cuidado del agua.
El sector minero argentino enfrenta un momento decisivo. En febrero de 2026, el Congreso Nacional debatirá en sesiones extraordinarias la modificación de la Ley de Glaciares, una norma clave que condiciona el desarrollo de grandes proyectos extractivos.
La iniciativa, que ya cuenta con dictamen del Senado, podría habilitar inversiones por decenas de miles de millones de dólares y reposicionar a la Argentina en el mapa mundial de los minerales estratégicos, aunque con un fuerte contrapunto ambiental centrado en la protección del agua.
Ley de Glaciares y un debate clave
La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Para el sector minero, el problema radica en interpretaciones amplias que, según las empresas, bloquean proyectos incluso en zonas sin función hídrica comprobada.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros sostienen que buscan una “clarificación” del texto, sin avanzar sobre áreas que deban ser estrictamente preservadas. Del otro lado, organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos de flexibilizar una norma que protege un recurso crítico.
El cobre, la gran promesa
La eventual reforma podría destrabar proyectos de cobre por más de 14.000 millones de dólares. Hoy la Argentina no produce cobre a escala, pero cuenta con al menos siete iniciativas listas para iniciar su construcción, principalmente en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca.
De concretarse, el país podría ubicarse entre el cuarto y quinto exportador mundial, con una producción estimada de 1,2 millones de toneladas anuales. El cobre es considerado un mineral estratégico por su rol central en energías limpias, redes eléctricas y la industria automotriz.
El rol del Litio en el nuevo escenario
El Litio también ocupa un lugar relevante en la agenda minera. Argentina pasó de dos proyectos en 2022 a siete en la actualidad, impulsada por precios récord que luego se desplomaron. Aunque el valor internacional cayó de 80.000 a poco más de 10.000 dólares la tonelada, el mineral sigue siendo considerado insustituible para baterías y transición energética.
Desde el sector advierten que la industrialización local, como la fabricación de baterías, no resolvería por sí sola el desarrollo económico, debido a la escala limitada del mercado interno frente al volumen de producción necesario.
Inversiones, empleo y reglas claras
Según estimaciones privadas, cada proyecto de cobre demandaría unos 7.000 empleos directos durante la construcción y más de 2.000 en la etapa operativa, con una vida útil de hasta 50 años. Sin embargo, el sector insiste en que sin seguridad jurídica y reglas estables no habrá inversiones de largo plazo.
En ese marco, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta clave para atraer capitales, especialmente en cobre y litio, aunque no logra compensar años de desconfianza por cambios impositivos y regulatorios.
El resultado del debate legislativo será determinante. Para la minería, una modificación consensuada permitiría avanzar con proyectos estratégicos. Para los sectores críticos, el desafío es garantizar que el desarrollo no comprometa el agua ni los ecosistemas de montaña.
Febrero se perfila así como un punto de inflexión para la minería argentina, en una discusión donde convergen inversiones, empleo, Litio, cobre y la preservación de recursos naturales esenciales.
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