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El Ministerio de Economía de la Nación declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y de San Juan.
La medida fue adoptada tras las graves pérdidas que sufrieron productores por fenómenos climáticos y enfermedades que impactaron en sus cultivos. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 1305/2025 y 1306/2025, busca aliviar la situación del sector mediante beneficios impositivos y apoyo financiero.
Emergencia agropecuaria en Buenos Aires
En territorio bonaerense, la emergencia agropecuaria alcanza a explotaciones afectadas por inundaciones en 12 partidos: Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
El período comprendido va del 1° de marzo al 31 de agosto de 2025, en línea con el decreto provincial 1180/2025, que previamente había establecido la emergencia en esos distritos. Los productores alcanzados podrán acceder a diferimientos o exenciones de impuestos nacionales, además de los beneficios previstos en tributos provinciales y tasas municipales.
Emergencia y desastre en San Juan
En el caso de San Juan, el impacto climático fue aún más complejo. Se declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos: Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.
Los daños fueron ocasionados por granizo y la peronóspora, una enfermedad que afecta con fuerza a los viñedos, pero que también se expandió a otros cultivos. La vigencia de la medida va del 1° de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, tal como había establecido previamente el decreto provincial 735/2025.
Las explotaciones alcanzadas abarcan una gran diversidad de producciones: vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas en general.
Requisitos y beneficios para productores
Para acceder a los beneficios, los productores deberán presentar un certificado oficial emitido por las autoridades provinciales, que acredite que sus explotaciones están comprendidas dentro de la emergencia o desastre.
A su vez, los gobiernos provinciales tendrán que remitir a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con la documentación correspondiente.
Las instituciones bancarias nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán implementar medidas para garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a los damnificados.
Emergencia vs. desastre: las diferencias clave
La normativa establece una distinción fundamental entre los dos niveles de afectación:
- Emergencia agropecuaria: se declara cuando las pérdidas productivas alcanzan entre el 50% y el 80%. En este caso, los productores acceden a diferimientos impositivos, lo que les permite aplazar pagos de impuestos nacionales y provinciales.
- Desastre agropecuario: aplica cuando los daños superan el 80% de la capacidad productiva, lo que habilita directamente a la eximición de impuestos.
Esta diferencia marca la magnitud de los perjuicios sufridos y determina el alcance de la asistencia estatal.
La declaración de emergencia y desastre agropecuario refleja el impacto creciente que tienen los fenómenos climáticos extremos y las enfermedades en la producción. Tanto las inundaciones en Buenos Aires como el granizo y la peronóspora en San Juan dejaron a miles de productores en una situación crítica, poniendo en riesgo no solo las economías regionales, sino también el abastecimiento interno.
Con estas medidas, el Gobierno busca aliviar la presión financiera sobre el sector y dar un respiro en un contexto de incertidumbre climática cada vez más frecuente.
