El diario
Un informe de CIPPEC advierte que el 43% de las jubilaciones se otorgan por regímenes de excepción, con mayor costo fiscal e inequidades, en un contexto donde el Gobierno proyecta una reforma previsional.
El sistema previsional argentino vuelve a quedar en el centro del debate público. Según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el 43% de las jubilaciones y pensiones vigentes en el país se otorgan a través de regímenes de excepción, que alcanzan a unos 4,2 millones de beneficiarios y absorben una porción significativa del gasto estatal.
El informe se dio a conocer en un momento clave: el Gobierno nacional proyecta avanzar en 2026 con una reforma previsional, una vez aprobada la modernización laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La iniciativa forma parte de las denominadas “reformas de segunda generación”, que el Ejecutivo considera centrales para la segunda mitad del mandato.
Jubilaciones y un sistema bajo presión fiscal
La sustentabilidad del esquema previsional de reparto aparece como uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina. Para 2026, el pago de jubilaciones y pensiones representará el 46% del gasto primario del Estado, una proporción que se mantiene elevada desde hace años y condiciona las cuentas públicas.
El debate se reactivó con la discusión del proyecto de reforma laboral en el Senado, en particular por el artículo que propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo se financiaría con una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Desde sectores de la oposición y del sindicalismo advierten que esa modificación podría desfinanciar a la ANSES y comprometer las futuras jubilaciones. En la Casa Rosada, en cambio, sostienen que un mercado laboral más dinámico y con mayor nivel de empleo registrado permitiría compensar esa baja a través del ingreso de nuevos aportantes al sistema.
El peso de los regímenes de excepción
El informe “El costo de la excepción: una revisión de los regímenes previsionales en Argentina”, elaborado por el economista Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social de CIPPEC, pone el foco en la multiplicidad de esquemas especiales que coexisten con el régimen general del SIPA.
Estos regímenes, que incluyen tanto sistemas administrados por la ANSES como cajas provinciales no transferidas y cajas profesionales, presentan requisitos de acceso más flexibles y haberes significativamente más altos. En promedio, los beneficios que otorgan son un 93% superiores a los del régimen general.
En términos fiscales, el impacto es considerable: los regímenes de excepción demandan el 5,2% del Producto Interno Bruto (PBI) y explican el 59,1% del gasto previsional total. Según Rofman, los recursos destinados a estos esquemas alcanzarían para financiar la totalidad del gasto educativo nacional y provincial.
Inequidad y falta de transparencia
Más allá del costo fiscal, el informe señala problemas de equidad e ineficiencia. Trabajadores con trayectorias laborales similares pueden acceder a jubilaciones muy diferentes según el régimen al que pertenezcan, lo que erosiona la confianza en el sistema general y dificulta cualquier intento de reforma.
Además, la superposición de normas, cajas y beneficios conspira contra la transparencia. “No hay una metodología clara para determinar qué tareas deben incluirse en estos regímenes. En muchos casos, los listados de ocupaciones son arbitrarios y dispares entre provincias y sistemas”, advierte el estudio.
Los cinco grandes grupos de regímenes
CIPPEC clasifica los regímenes de excepción en cinco grandes categorías. En primer lugar, los regímenes diferenciales, que permiten jubilaciones anticipadas por tareas consideradas insalubres o riesgosas, como las de mineros, estibadores o personal embarcado. Según Rofman, muchas de estas justificaciones carecen de sustento empírico y responden más a presiones políticas que a criterios técnicos.
En segundo término, aparecen los regímenes especiales vinculados al mérito o a la función pública, como los de docentes, investigadores, magistrados y ciertos trabajadores de empresas estatales. Sus haberes pueden ser entre siete y diez veces superiores a los del sistema general, y crecieron un 118% entre 2010 y 2025.
Otro grupo lo integran las fuerzas armadas y de seguridad, con esquemas de retiro anticipado y haberes diferenciados, que alcanzan a unas 180.000 personas y demandan hasta el 0,7% del PBI.
A ellos se suman los sistemas provinciales y las cajas profesionales. A fines del año pasado, 840.000 personas cobraban beneficios de cajas provinciales, con haberes promedio de $941.000 mensuales, tres veces la jubilación mínima nacional. Estos regímenes explican el 1,8% del PBI. Las cajas profesionales, en tanto, cubren a unos 100.000 afiliados en 19 provincias, con aportes obligatorios de carácter cuasi-tributario.
Por último, están las pensiones no contributivas, que alcanzan a 1,58 millones de personas y representan cerca del 1% del PBI, incluyendo tanto situaciones de vulnerabilidad social como reconocimientos por mérito o compensaciones históricas.
Un debate complejo y de largo plazo
Consultado sobre la posibilidad de sostener algunos regímenes de excepción, Rofman reconoce que existen situaciones individuales que requieren un tratamiento diferencial, pero cuestiona la extensión automática de beneficios a colectivos completos. En ese sentido, plantea que el sistema debería atender los casos particulares a través de mecanismos como las jubilaciones por invalidez.
La eliminación o reducción de estos regímenes enfrenta fuertes resistencias políticas y sectoriales. “Hay grupos de interés que buscan mantenerlos porque se benefician directamente o porque les sirven para conseguir apoyos”, explica el especialista.
Además, cualquier reforma tendrá efectos graduales y de largo plazo debido a la existencia de derechos adquiridos. Aun así, desde CIPPEC sostienen que avanzar hacia un esquema previsional más simple, equitativo y sostenible resulta imprescindible para garantizar la viabilidad del sistema y mejorar la confianza social en las jubilaciones futuras.
