El diario
La justicia ambiental es esencial en la lucha para mejorar y mantener un ambiente sano y saludable, especialmente para aquellos que tradicionalmente han vivido, trabajado y jugado en las zonas más cercanas a contaminantes.
Este movimiento surge para hacer valer la aplicación del derecho a la salud y a un medio ambiente sano para los ciudadanos, como una concepción de reivindicación social, un nuevo paradigma que da certeza y equilibrio sobre la distribución de las implicaciones ambientales positivas o negativas en un territorio determinado.
Sin embargo, con el paso del tiempo, aparentemente ha sido desarraigada del imaginario político, jurídico, administrativo y social, pues no obstante que ha sido insertada en documentos legislativos, programas gubernamentales y en el ámbito de las estructuras orgánicas de entidades públicas, en la realidad no se reflejan los postulados que dieron vida al movimiento, aún hay mucho por hacer para que esta justicia sea aplicada realmente en la vida cotidiana de las personas.
Justicia ambiental en Argentina
Los conflictos ambientales se manifiestas como políticos, sociales, económicos, étnicos, conflictos territoriales o como conflictos en torno de recursos municipales, regionales o nacionales.
Algunas de las instituciones en Argentina que contribuyen a resolver conflictos ambientales son: Cortes y tribunales ambientales, Oficinas de ombudsman o Defensorías del Pueblo, o Fiscalías, pero… No se respetan.
Se supone que, en el país, la justicia ambiental se basa en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, pero… Pocas veces se cumplen.
No basta con el cumplimiento de la ley en materia ambiental, hace falta adoptar un verdadero cambio cultural. Incluso el cambio o renovación de las tecnologías como la biotecnología queda en un lugar negativo si no se logra un verdadero cambio en las conciencias de las personas.
Argentina tiene legislación ecológica de avanzada, pero debe ser implementada. De nada sirve tener en la Provincia de Buenos Aires, leyes como la 12257 y la 14347 que regulan la contaminación de los recursos hídricos y el saneamiento de sitios contaminados… Si NO se formalizan. Hace 20 años que estoy peleando para evitar que el rio Areco, a la altura del Municipio de Carmen de Areco, sea contaminado y desde el 2015 que abrí un expediente en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expediente 1999/15. ¿Se ha logrado algo?… Poco y NADA.
La ley de protección de los glaciares (N° 26.639) es inédita a nivel mundial, pero varias provincias la han frenado e incluso no se ha realizado el inventario de glaciares, que es la condición para hacer una protección legal efectiva. Por lo tanto, San Juan, Catamarca y La Rioja son territorios que no están cumpliendo con la ley.
De nada sirve tener leyes a nivel municipal, provincial o nacional que dicen que la recolección debe ser diferenciada si en la práctica se apila todo en un basural a cielo abierto. Nuestro país al tener leyes de presupuestos mínimos se posiciona muy bien a nivel internacional, pero no vemos un impacto concreto de eso. Hace muchos años que lucho por el reciclaje de la basura y el cierre de los basureros a cielo abierto, en la localidad de Carmen de Areco. En el año 2017 abrí un expediente en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expediente 15267/17. ¿Se logró algo?… Se terminó de construir una planta de reciclaje, pero NO funciona.
Si no se respeta la justicia ambiental, no se protege el ambiente. La justicia ambiental es un derecho que garantiza que las personas puedan vivir en un ambiente sano. El Estado tiene la obligación de preservar el entorno. Si no se aplican de manera eficaz las leyes y regulaciones ambientales, los que contaminan no sufren las consecuencias jurídicas de sus acciones ya sean particulares o el mismo Estado que NO respeta las normativas.
Los litigios frente a aquellas alteraciones ambientales que perjudican las condiciones de vida de las personas aumentan día a día. Según estas reivindicaciones se está obteniendo el reconocimiento que tiene cualquier persona o comunidad a disfrutar de un medioambiente saludable. Dichas medidas legales buscan responsabilizar a los gobiernos y a la inacción de las empresas por imposibilitar derechos humanos básicos.
La justicia medioambiental es de suma importancia por razones que abarcan desde aspectos sociales y económicos, a la salud y los derechos humanos para vivir en un ambiente seguro, saludable y libre de contaminación.
Esta justicia se basa en: la protección equitativa, la distribución equitativa de recursos, la participación y empoderamiento comunitario, la participación en la toma de decisiones, la transparencia gubernamental, el desarrollo de políticas inclusivas, la mejora de la calidad de vida y la salud y bienestar comunitario, pero… Si esto NO se cumple, NO sirve de NADA.
Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
