Los supermercados se estarían preparando para los posibles saqueos que pudieran sucederse antes de fin de año y acuerdan suspender trabajadores por “razones de fuerza mayor”.
El reciente acuerdo entre los supermercados y el Ministerio de Trabajo permite la suspensión de trabajadores por falta o disminución de trabajo, así como por razones de fuerza mayor que se traducen en posibles situaciones de saqueos para fin de año.Las principales cadenas de supermercados en el país están previendo un muy probable estallido hiperinflacionario para el mes de diciembre. Se espera una brusca devaluación del tipo de cambio, y una reacción igual de violenta sobre el nivel de precios minoristas y mayoristas.
En consecuencia, las entidades nucleadas en la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acordaron recientemente una resolución con el Ministerio de Trabajo para prever situaciones de saqueos y actuar en consecuencia.
A través de la Resolución 1873/2023 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a las entidades de comercio la posibilidad de suspender trabajadores por “razones de fuerza mayor” (saqueos a los supermercados), o por falta o disminución de trabajo en situaciones de gran estrés colectivo.
En este sentido, los supermercados tratan de aminorar las posibles pérdidas que tendrían que sufrir por una eventual oleada de saqueos en medio de la hiperinflación. Las suspensiones acordadas por el Ministerio tienen un plazo de hasta 60 días, y existirá la posibilidad de extenderlas siempre y cuando siga en vigencia la causa que las originó (previendo la ola de saqueos).
El Ministerio de Trabajo acordó que estas suspensiones puedan ser compensadas por una prestación no remunerativa equivalente al 50% del salario mensual, que abarata considerablemente el costo de despido en comparación con una indemnización estándar.
La posibilidad de una oleada de saqueos es real y palpable. La devaluación del mes de agosto provocó un salto cambiario del 22,5%, y generó que el IPC repuntara un 12,4% al mismo tiempo en que los precios mayoristas crecieron más de 18%.
Tras la devaluación, en la cuarta semana de agosto se registró una ola de saqueos en las provincias de Neuquén, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires, similares a los que hubo en el año 1989 o en 2001.
Esta vez, para el mes de diciembre se espera una devaluación de entre 60% y 150% sobre el tipo de cambio oficial, y solo resta a la imaginación estimar el efecto inflacionario que podría llegar a tener un ajuste de semejante magnitud. Los supermercados buscan adelantarse a la situación, y temen por lo peor.