El diario
La administración Milei publicó un decreto que introduce cambios en la VTV, ampliando plazos para vehículos nuevos, habilitando talleres privados y eliminando trámites. Cada provincia decidirá si adhiere al nuevo sistema.
El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante el decreto 139/2026, publicado el lunes 9 de marzo en el Boletín Oficial. La medida busca simplificar trámites vinculados con la circulación de vehículos en el país y forma parte de una propuesta que ya había sido anticipada durante 2025.
La iniciativa apunta a introducir cambios en los plazos de las inspecciones técnicas, ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar las verificaciones y eliminar algunos requisitos administrativos que, según el Ejecutivo, generaban costos adicionales para los conductores.
Sin embargo, como ocurre con otras regulaciones vinculadas al tránsito y la seguridad vial, la implementación efectiva de estas modificaciones dependerá de la decisión de cada provincia o jurisdicción, ya que los distritos cuentan con autonomía para adherir o no a los cambios propuestos por la Secretaría de Transporte.
Cambios en la VTV para vehículos nuevos
Uno de los puntos centrales de la reforma está relacionado con los plazos de la primera revisión técnica para vehículos particulares.
A partir de esta modificación, los automóviles nuevos deberán realizar su primera VTV a los cinco años desde su patentamiento como vehículo 0 kilómetro. Actualmente, en varias jurisdicciones del país el primer control se exige antes de ese plazo.
En el caso de los vehículos que tengan entre cinco y diez años de antigüedad, la revisión deberá realizarse cada 24 meses, es decir cada dos años.
Por su parte, los automóviles con más de diez años de uso continuarán bajo el esquema vigente hasta ahora, que establece una verificación técnica anual obligatoria.
Según el Gobierno, esta actualización del calendario de inspecciones busca adaptar el sistema a las características de los vehículos más modernos, que cuentan con estándares de seguridad y durabilidad superiores a los de décadas anteriores.
Nuevos talleres habilitados para la VTV
Otro de los cambios relevantes que introduce el decreto está relacionado con los lugares donde se podrá realizar la verificación técnica.
Hasta el momento, en muchas jurisdicciones la VTV se realiza exclusivamente en plantas de inspección habilitadas por los gobiernos provinciales o municipales. Con la nueva normativa, se abre la posibilidad de que talleres particulares y concesionarios también puedan ser autorizados para realizar la revisión.
La intención de esta medida es ampliar la oferta de establecimientos disponibles para realizar la inspección, lo que podría facilitar el acceso al trámite y reducir los tiempos de espera en algunas regiones donde la demanda suele superar la capacidad de las plantas de verificación.
No obstante, estos nuevos centros deberán cumplir con los requisitos técnicos y de control establecidos por la autoridad competente para garantizar que las revisiones mantengan estándares de seguridad adecuados.
El decreto también introduce modificaciones en algunos requisitos administrativos vinculados con el proceso de verificación.
Entre ellos se destaca la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite que se exigía cuando un vehículo había sufrido modificaciones en su configuración original.
Este informe debía ser gestionado antes de realizar la verificación técnica y representaba un costo adicional para los propietarios de los vehículos.
Con la nueva normativa, el Gobierno busca simplificar ese procedimiento y reducir la carga burocrática para los conductores.
El costo actual de la verificación
En paralelo a estas modificaciones, durante enero se había establecido el valor de la tarifa básica de la VTV en $97.057,65, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para vehículos de hasta 2.500 kilogramos.
El precio puede variar dependiendo de la jurisdicción, ya que cada provincia establece sus propios cuadros tarifarios y puede aplicar actualizaciones periódicas.
Si bien el decreto establece un marco general para la reforma del sistema, su aplicación efectiva dependerá de la decisión de cada distrito.
Las provincias y municipios deberán evaluar si adhieren a la normativa nacional y de qué manera adaptan sus sistemas de control vehicular a los nuevos lineamientos.
En ese contexto, el alcance real de los cambios podría variar según la región, manteniéndose en algunos casos los esquemas actuales hasta que las autoridades locales definan su postura frente a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
