El diario
Docentes, no docentes y estudiantes inician una nueva semana de paro universitario que afecta clases en todo el país, mientras crece el conflicto salarial y el reclamo por financiamiento.
La comunidad de la Universidad Nacional de Luján y de otras casas de estudio del país atraviesa desde este lunes una nueva semana de paro que vuelve a tensionar el normal desarrollo del ciclo lectivo. La medida de fuerza, impulsada por gremios docentes y no docentes, se extenderá hasta el sábado 2 de mayo y se suma a un plan de lucha que ya acumula 15 jornadas de paro docente y 10 del sector no docente.
El conflicto tiene un fuerte impacto en el dictado de clases del primer cuatrimestre, con suspensión de actividades académicas en facultades y también en colegios secundarios dependientes de universidades nacionales. La situación genera incertidumbre entre estudiantes y autoridades, en un contexto de creciente deterioro presupuestario.
Reclamo salarial universitario y financiamiento
Desde las federaciones sindicales, entre ellas CONADU y CONADU Histórica, advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo. Según indicaron, los docentes requieren un aumento del 55% para recuperar los niveles salariales de noviembre de 2023.
Además, denuncian que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que un número significativo de trabajadores percibe ingresos cercanos a los 250.000 pesos. En este marco, el reclamo incluye también la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Alcance nacional del paro
La medida de fuerza impacta en la mayoría de las universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de José C. Paz, entre otras.
El alcance federal del conflicto evidencia la magnitud del reclamo y la falta de acuerdos entre el sector universitario y el Gobierno nacional, que continúa sin resolver las demandas centrales.
Contexto judicial y político
En paralelo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que lo obliga a transferir 2,5 billones de pesos a las universidades. Al mismo tiempo, impulsa un nuevo proyecto de financiamiento, lo que agrega un componente de tensión institucional al conflicto.
La combinación de reclamos salariales, disputas presupuestarias y definiciones judiciales mantiene abierto un escenario incierto para el sistema universitario público argentino.
